La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes definitivamente la solicitud de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir la Boleta Única de Papel (BUP) en la Provincia de Buenos Aires (PBA). El tribunal confirmó que la boleta se mantendrá con la foto de José Luis Espert, quien había renunciado a su postulación, y que ese lugar no sería reemplazado por Diego Santilli. La decisión cerró la controversia planteada en el tramo final del cronograma electoral, cuando faltaban menos de dos semanas para los comicios del 26 de octubre. La resolución se apoyó en razones materiales y temporales que, según la CNE, volvían impracticable cualquier modificación.
En su pronunciamiento, la CNE sostuvo que “carece de interés jurídico actual” expedirse sobre la reimpresión de la BUP, por cuanto la cuestión se había tornado abstracta y perdido virtualidad. Ese encuadre respondió a que los tiempos administrativos y logísticos ya estaban consumidos. El tribunal indicó que el trámite superó el umbral razonable para introducir cambios sin afectar la integridad operacional del proceso. Con ese criterio, priorizó la certeza y la estabilidad del acto electoral.
El planteo de LLA se originó en la renuncia de su candidato a diputado nacional, tras lo cual pidió actualizar e imprimir nuevamente la BUP. La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires ya había rechazado la presentación por inviabilidad del cronograma. Elevado el caso, la CNE coincidió en que no existían condiciones materiales para disponer una reimpresión general. Además, aclaró que el reordenamiento interno de la grilla de candidatos sí resultó procedente, pero no así la confección de nuevas boletas.
Plazos vencidos y una logística que no admitió cambios
De acuerdo con el fallo, el pedido se tornó de cumplimiento imposible a menos de dos semanas de las elecciones generales del 26 de octubre. El plazo para ordenar la reimpresión —que requería al menos cinco días de trabajo— había vencido el 10 de octubre, incluso antes de que la causa fuera elevada a la Cámara el 11/10. Ese límite temporal cerró cualquier ventana para intervenir con garantías sobre un insumo electoral masivo y ya en curso de distribución. La CNE entendió que forzar una excepción ponía en riesgo la previsibilidad del comicio.
El proceso de producción también se encontraba muy avanzado. La recepción de 38.760 talonarios de boletas concluyó el 8 de octubre, y su control estaba casi finalizado cuando se discutió el reclamo. Ese dato resultó central para el tribunal, porque implicó que la cadena de custodia y revisión ya estaba en ejecución. Reabrirla con material nuevo hubiera exigido repetir instancias críticas de verificación, con el consiguiente riesgo de demoras y errores.
La logística planteó un segundo obstáculo insalvable. La fecha límite del Correo Oficial para iniciar la distribución del material electoral era el 16 de octubre. Según la CNE, aun en un escenario ideal, resultaba inviable completar la impresión, el control, la preparación y la distribución de 14 millones de boletas con nuevos talonarios dentro de ese margen. El tribunal remarcó que los plazos electorales no son meras formalidades, sino garantías para que la infraestructura del comicio funcione sin sobresaltos.
En su fundamentación, la CNE enfatizó que en materia electoral prima la necesidad de certeza y de rápida definición de los conflictos por encima del interés de los participantes. Ese principio, señaló, protege el normal desenvolvimiento institucional y evita que decisiones de último momento alteren la organización del proceso. La respuesta del tribunal se inscribió en esa línea: asegurar que la oferta electoral se expresara con los instrumentos ya validados, sin introducir cambios imposibles de procesar a tiempo. De esa manera, preservó la continuidad operativa del cronograma.