El concejal Fernando Martínez presentó ante el Juzgado Federal de Campana un segundo recurso colectivo para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A., medida habilitada por el Decreto 695/2025. En su presentación, el edil plantea la “inconstitucionalidad” de la norma y alerta sobre los riesgos que esta decisión implicaría para la soberanía energética del país.
NA-SA, empresa estatal que administra Atucha I, Atucha II y Embalse, es una de las compañías públicas más rentables, con 17 millones de dólares de ganancias sólo en el primer trimestre del año. Para Martínez, la iniciativa del Gobierno Nacional de avanzar con la privatización contradice el argumento oficial de vender firmas deficitarias: “Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica”, sostiene el texto judicial.
El concejal también pidió una medida cautelar para suspender cualquier proceso de “licitación, oferta o transferencia de acciones” hasta que se resuelvan los amparos en curso. Además, advirtió sobre el impacto que podría tener una privatización parcial en las tarifas y en el financiamiento del sector nuclear: “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, señala la presentación.
La controversia ya había escalado días atrás con un primer amparo presentado por la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, que también solicitó la nulidad del decreto y de una resolución del Ministerio de Economía. Antes de cerrar su escrito, Martínez remarcó que NA-SA es “un bien público construido con décadas de inversión y conocimiento argentino” y que no puede venderse “sin consulta pública ni control legislativo”.
