Las universidades nacionales atraviesan una situación de desfinanciamiento marcada por la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores y la reducción del presupuesto real. Según cifras reconocidas por el propio Gobierno, entre 2023 y 2025 los salarios universitarios —docentes y nodocentes— retrocedieron un 91,96% frente a la inflación. El cálculo surge de comparar una inflación acumulada del 220,45% con una recomposición del 128,49%, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 647/2025.
En paralelo, distintas casas de estudio advierten que el presupuesto destinado al sistema universitario refleja una caída constante en términos reales. Según datos distribuidos por la Asociación de Personal Universitario de Lomas de Zamora (APULZ), para 2026, la asignación equivale al 0,46% del PBI, por debajo del 0,49% de 2025, del 0,56% de 2024 y del 0,7% registrado en 2023. Los trabajadores advierten que se trata del nivel más bajo desde 2004, lo que presiona sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Menos presupuesto y brecha de financiamiento
De acuerdo con estimaciones del sector académico, la diferencia entre la oferta oficial y las necesidades operativas es significativa. Mientras el Gobierno proyecta una partida de 4,8 billones de pesos para el sistema universitario, las universidades calculan que su requerimiento real asciende a 7,3 billones. La brecha implica que el presupuesto debería incrementarse en torno al 52% para garantizar el desarrollo normal de las actividades, desde la actualización salarial hasta el sostenimiento de obras y la compra de equipamiento.
Esa reducción del gasto impacta sobre áreas clave. Sin recursos suficientes, se ralentizan proyectos de investigación, se ajustan programas de becas y se limitan expansiones edilicias o adquisiciones tecnológicas. Las universidades remarcan que este panorama se suma a un deterioro previo arrastrado desde 2023 y profundizado con el ajuste de los últimos dos años.
Impacto salarial y efectos en la comunidad universitaria
El deterioro del salario docente y nodocente es uno de los reclamos centrales de APULZ. Con una recomposición que quedó por debajo de la inflación acumulada, sindicatos y autoridades universitarias advierten que la pérdida del poder de compra condiciona el desarrollo académico y las condiciones laborales. El sector señala que el ajuste se traduce en dificultades para sostener planteles estables, actualizar materiales y mantener actividades de extensión.
La caída salarial, sumada a la baja en la inversión real, configura un escenario que las universidades califican como de emergencia. En distintos comunicados públicos, referentes del sistema educativo solicitaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso, con el fin de garantizar previsibilidad y revertir la tendencia descendente en la asignación presupuestaria.
Reclamos y perspectivas
El sistema universitario sostiene que, sin una recuperación del presupuesto, los efectos se sentirán en la calidad académica, la infraestructura y el acceso equitativo. Mientras continúan las negociaciones con el Gobierno, las instituciones afirman que la caída en la inversión genera mayores riesgos para la continuidad de proyectos estratégicos y el funcionamiento cotidiano, en un contexto en el que los recursos disponibles se ubican por debajo de lo que consideran indispensable para 2026.
