La comisión de Salud del Radicalismo Auténtico advirtió que la reforma laboral que se debate actualmente, y que es presentada como un alivio a la carga patronal, esconde una trampa financiera que podría golpear de muerte a la estructura sanitaria privada.
Aunque la propuesta de bajar las contribuciones apunta a reducir costos para los empleadores, en el sector salud el efecto es paradójico: lo que las clínicas ahorran por un lado, lo pierden multiplicado por la caída abrupta de ingresos provenientes de las obras sociales y el PAMI. El sistema, advierten los expertos, se enfrenta a un desfinanciamiento estructural que no ajustará a la burocracia, sino a los prestadores y a los pacientes.
El punto más crítico es la propuesta de reducir un punto porcentual la contribución patronal a las obras sociales, pasando del 6 al 5 por ciento. Si bien parece una cifra menor, para las financiadoras nacionales representa un recorte del 11 por ciento de sus ingresos reales. Este dinero no es un impuesto abstracto que va al Estado, sino el flujo de caja directo que paga las prestaciones médicas; al recortarlo, se retiran cientos de miles de millones de pesos anuales del sistema, generando un agujero financiero imposible de cubrir sin recortar servicios.
La reacción de las obras sociales ante esta merma de recursos es previsible y mecánica: no ajustan su propia estructura administrativa, sino que trasladan el ajuste a los prestadores, es decir, a clínicas, sanatorios y médicos. Las herramientas para este ajuste son el estiramiento de los plazos de pago, la no actualización de aranceles frente a la inflación, la aplicación de débitos y el aumento de prestaciones “no autorizadas”, estrangulando la operatividad diaria de los centros de salud.
El impacto financiero de estas demoras es devastador para las instituciones médicas. Si el desfinanciamiento obliga a una obra social a estirar los pagos reales de 15 a 20 días, el prestador debe salir a financiar millones de pesos en capital de trabajo. Con un costo financiero del 3 por ciento mensual, una clínica grande debe asumir pérdidas millonarias solo por el atraso, sin contar que, si los aranceles también se retrasan para compensar la menor recaudación, el impacto combinado de la licuación y la mora puede superar la totalidad del margen operativo de la institución.
El escenario se agrava con el segundo componente de la reforma: la reducción de 3 puntos porcentuales en las contribuciones al SIPA, que se reasignan al Fondo de Cese Laboral (FAL). Esto golpea indirectamente al PAMI, cuyos ingresos dependen en gran medida del sistema de seguridad social y de los aportes del Tesoro Nacional. Al caer la recaudación contributiva, el PAMI queda más expuesto a la necesidad de auxilios estatales discrecionales, lo que históricamente deriva en demoras de pago y licuación de aranceles para los prestadores que atienden a los jubilados.
Para un sanatorio que depende en un 60% del PAMI, el costo “invisible” de financiar los atrasos del instituto es letal. Si se suma la mora habitual a este nuevo escenario de restricción presupuestaria, el costo financiero mensual por mantener la estructura funcionando se dispara. Cada punto de inflación no reconocido en los aranceles y cada día de atraso en el pago se traduce directamente en pérdidas millonarias mensuales por cada mil millones de facturación, poniendo en jaque la continuidad de los servicios.
Además, la creación del Fondo de Cese Laboral no implica un ahorro real para el sector salud, que es intensivo en mano de obra y tiene baja rotación. Los puntos que antes financiaban el sistema previsional ahora se convierten en un costo asociado al riesgo de despido, que se paga igual aunque no haya desvinculaciones. De esta forma, se transforma un aporte neutro en una carga que no mejora la competitividad de las clínicas y que debilita la red de contención de la seguridad social.
La consecuencia final de esta reforma no será un mercado laboral más dinámico en salud, sino un deterioro tangible de la calidad asistencial. El ajuste se materializará en cierre de camas, guardias menos cubiertas, atrasos salariales al personal de salud y una caída abrupta en la inversión y mantenimiento edilicio.
En conclusión, bajar las contribuciones a la seguridad social no reduce el costo del sistema de salud, sino que traslada brutalmente el ajuste hacia los prestadores, empujándolos a la insolvencia, y hacia los pacientes, que recibirán una atención cada vez más precaria.
