Tres jueces decidieron habilitar la feria judicial de verano para que no se frenen las causas penales que investigan a la AFA y a varios de sus principales dirigentes. La medida permitirá que durante enero sigan en curso las diligencias y medidas de prueba en al menos tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción, pese al receso judicial iniciado el viernes pasado.
Una de las investigaciones está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni. Según la causa, la AFA habría actuado como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo con fondos provenientes, en gran parte, de los derechos de televisación del fútbol.
En ese expediente, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la PROCELAC, Diego Velasco, el magistrado ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y en las sedes de la AFA de la calle Viamonte y de Ezeiza. Además, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, junto con requerimientos de información financiera internacional. Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse el próximo 19 de enero para quedar a derecho.
Otro de los casos es instruido por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y se centra en la compra de una mansión ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. El magistrado habilitó la feria judicial y ordenó nuevas medidas, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la propiedad, para determinar quién es el verdadero titular del inmueble. La finca figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, aunque la Justicia investiga si poseen capacidad económica para justificar la adquisición, además de la tenencia de decenas de vehículos de lujo y otra vivienda en un country de la zona.
El tercer expediente, a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, se originó tras una denuncia del organismo ARCA contra la AFA por la presunta retención indebida de unos 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En esa causa están imputados el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo. Con la feria judicial habilitada, las tres investigaciones contra la AFA seguirán activas durante enero, a la espera de avances clave en las medidas de prueba ordenadas.
