Los colegios privados se preparan para retomar las actividades académicas y afrontar el inicio del ciclo lectivo 2026 en un contexto de incertidumbre financiera, marcado por el desacople entre los ingresos y los costos operativos que deben sostener durante los meses de receso escolar.
Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), a una problemática que se repite cada año se suma, en esta oportunidad, el impacto de los acuerdos salariales retroactivos alcanzados para los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Las instituciones señalan que deben afrontar incrementos en los costos laborales desde diciembre, sin que se haya habilitado aún la actualización de los aranceles.
En el caso de los establecimientos que reciben aporte estatal, la normativa vigente sólo permite modificar las cuotas escolares a partir del mes de marzo, lo que profundiza el desequilibrio económico en el inicio del año.
Aumentos salariales sin actualización de aranceles
“El núcleo del problema es la imposibilidad legal de actualizar los aranceles al mismo ritmo que los incrementos salariales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita. “Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, agregó.
Las instituciones deben afrontar de manera inmediata, con la liquidación de haberes de enero, aumentos salariales retroactivos correspondientes a diciembre y enero, incluyendo el proporcional del aguinaldo, además de los sueldos de febrero, que se pagan en los primeros días de marzo. Todo esto ocurre sin modificar los aranceles e incluso sin percibir cuotas durante los meses de receso.
De acuerdo con las estimaciones del sector, las escuelas deben absorber un costo salarial acumulado cercano al 8,1%, compuesto por un 1,5% correspondiente a diciembre y SAC, un 3,3% en enero y otro 3,3% en febrero, según lo establecido en la última paritaria docente.
Un sistema con presión estructural
En la Provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados con subvención estatal, que representan más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada. Estas instituciones deben respetar los topes arancelarios fijados por el gobierno provincial.
“El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país”, señaló Zurita.
A este escenario se suma el incremento de los niveles de morosidad, que se ubican por encima del promedio histórico debido a las dificultades en los presupuestos familiares, junto con el aumento constante de los costos operativos que implica el funcionamiento diario de las instituciones educativas privadas.
