El juez federal Sebastián Casanello dispuso el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y de otras 18 personas por una serie de delitos vinculados a un esquema de corrupción que habría operado dentro del organismo. La resolución incluye los cargos de cohecho activo, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
Según el fallo, Spagnuolo, junto con Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, habría cumplido un rol de jefatura dentro de la presunta organización criminal. El magistrado consideró que existió una estructura estable y coordinada destinada al cobro de sobornos y al direccionamiento de negocios en perjuicio del Estado nacional.
En su resolución, Casanello sostuvo que la maniobra investigada no solo implicó hechos aislados, sino que presentó características propias de una asociación ilícita, con división de tareas y permanencia en el tiempo, orientada al beneficio económico de sus integrantes.
Licitaciones direccionadas y desvío de fondos
De acuerdo con la investigación judicial, la Andis habría sido objeto de un proceso de cooptación institucional, mediante el cual operadores externos y funcionarios públicos desviaron el funcionamiento del organismo de su objetivo original: la protección y asistencia de las personas con discapacidad. En ese marco, se detectaron licitaciones presuntamente digitadas y sobreprecios que beneficiaron a empresas vinculadas al rubro de las droguerías.
El juez señaló que el esquema permitió el enriquecimiento privado de los imputados y advirtió que los hechos probados hasta el momento podrían ser solo una parte del entramado. En ese sentido, advirtió que el esquema investigado podría no tratarse de un hecho aislado y dejó abierta la posibilidad de una ampliación de la causa.
En su resolución, señaló la eventual existencia de “otro nivel de complicidades” que aún no fue esclarecido y que deberá ser objeto de nuevas medidas de prueba, lo que anticipa una posible escalada judicial con la incorporación de más responsables y líneas de investigación sobre el funcionamiento interno y externo del organismo.
La resolución remarca que las maniobras investigadas afectaron recursos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables, lo que agrava el impacto institucional y social de los hechos bajo análisis.
Denuncia, audios y situación procesal
La causa se originó en agosto, a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, luego de la difusión pública de audios en los que se aludía al presunto reparto de retribuciones ilícitas y se mencionaban contactos con figuras del entorno presidencial. Si bien esas grabaciones no fueron utilizadas como prueba formal en el procesamiento, sí funcionaron como disparador de la investigación judicial.
Las defensas de los imputados habían planteado la nulidad de la causa, cuestionando la legalidad de las grabaciones difundidas. Sin embargo, Casanello rechazó esos planteos, al considerar que la investigación se sustenta en otros elementos probatorios incorporados de manera válida al expediente.
Con los procesamientos ya dictados, la causa continuará su curso en la Justicia federal, con nuevas medidas de prueba orientadas a determinar el alcance total del presunto entramado de corrupción y la eventual responsabilidad de otros actores que podrían haber intervenido en el esquema.
