El proyecto de Modernización Laboral ingresó en su tramo decisivo en el Senado con un texto sustancialmente modificado respecto del dictamen de mayoría que había sido impulsado en diciembre. Aquella versión, presentada de manera acelerada por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, fue reformulada tras intensas negociaciones políticas y sectoriales que alteraron aspectos centrales de la iniciativa.
Los cambios introducidos resultaron determinantes para destrabar apoyos. El nuevo texto incorpora definiciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, que garantizan mayores recursos tanto para las provincias como para la Nación, además de concesiones a sindicatos y cámaras empresariales mediante el mantenimiento de aportes compulsivos, el sostenimiento del porcentaje destinado a obras sociales y una versión atenuada del esquema original del fondo de indemnizaciones.
La iniciativa cuenta con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. En ese marco, se estima el acompañamiento de 44 senadores, número suficiente para aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados de la Nación.
Indemnizaciones, fondo laboral y empleo
Uno de los ejes del proyecto es la redefinición del régimen indemnizatorio, con el objetivo de reducir la litigiosidad laboral. El texto delimita de forma más estricta qué conceptos integran el salario para el cálculo de indemnizaciones y cuáles son pasibles de reclamo judicial, en línea con el planteo oficial de limitar la denominada “industria del juicio”.
En ese esquema se inscribe la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para cubrir desvinculaciones laborales. El fondo prevé aportes mensuales diferenciados: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes, este último porcentaje incorporado a partir de una propuesta de la UCR. No obstante, el mecanismo final suavizó la idea original, que había generado resistencias en distintos sectores productivos.
El proyecto también apunta al fomento del empleo formal, mediante la simplificación y digitalización del registro laboral, herramientas de blanqueo de trabajadores y una reducción de cargas patronales. Desde el oficialismo sostienen que estas medidas buscan incentivar nuevas contrataciones y reducir la informalidad.
Jornada laboral y convenios colectivos
En materia de organización del trabajo, la iniciativa introduce figuras como el “banco de horas”, que permite compensar horas trabajadas en distintos períodos, el fraccionamiento de vacaciones y la posibilidad de implementar salarios dinámicos vinculados a la productividad. Estos cambios apuntan a otorgar mayor flexibilidad a las relaciones laborales, aunque fueron objeto de negociación para evitar rechazos sindicales.
Otro punto relevante es la modificación del régimen de convenios colectivos. El texto establece la prelación de los convenios menores sobre los mayores, siempre que exista acuerdo entre las partes, habilitando negociaciones por empresa o actividad específica.
Concesiones y cambios finales
El texto definitivo incorporó 28 cambios tras negociaciones con gobernadores, sindicatos y el sistema financiero. Para las provincias, se eliminó la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, preservando los recursos coparticipables. En el plano sindical, tras el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), se mantuvo el rol de los empleadores como agentes de retención de aportes sindicales y cuotas solidarias, que serán compulsivas por dos años con un tope del 2%, y se sostuvo el aporte a las obras sociales en el 6%.
Además, se retiró la cláusula que habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales y se estableció un plazo de 180 días para que los estatutos profesionales, como los de periodistas o viajantes, sean incorporados a convenios colectivos. También se mantuvo la ultraactividad de los convenios por un año antes de perder vigencia si no son renegociados.
