La situación de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena política luego de que referentes de la oposición cuestionaran su incorporación, junto a su esposa Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias. Legisladores nacionales de distintos bloques reclamaron que el funcionario presente su declaración jurada patrimonial, cuyo vencimiento opera el próximo lunes 15, y advirtieron sobre la necesidad de transparentar el origen de sus bienes.
Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado Esteban Paulón, de Hacemos Nuestro País, quien presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y sus familiares directos puedan adherirse al denominado régimen de “inocencia fiscal”. “El régimen no puede ser la vía por la cual se laven fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública”, sostuvo. En la misma línea, Nicolás Trotta afirmó que la medida impulsada por el Gobierno “no resuelve la inocencia penal de Adorni” y consideró llamativo que uno de sus principales promotores deba explicar inconsistencias en su propia declaración jurada.
Las críticas también llegaron desde el peronismo a través de Itaí Hagman, quien ironizó sobre una de las consignas utilizadas por el oficialismo para promocionar el nuevo esquema fiscal. “Tus dólares, tu decisión… el tipo hablaba para el living de su casa”, expresó. Desde la Unión Cívica Radical, Pablo Juliano aseguró que tanto Adorni como otros funcionarios se acogieron a una herramienta diseñada para garantizar impunidad, mientras que Martín Lousteau recordó que había anticipado públicamente la adhesión del jefe de Gabinete al régimen antes de que se conociera oficialmente. “Es un blanqueo a medida de los más ricos”, afirmó.
A las críticas se sumó el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, quien cuestionó la falta de presentación de la declaración jurada. “La honestidad no se pregona, se demuestra. Si no tenés nada para esconder, andá y presentá la declaración jurada”, señaló. Además, sostuvo que el Gobierno debe cumplir con su promesa de terminar con los privilegios de la denominada “casta” y consideró incompatible ese discurso con la situación que atraviesa actualmente el jefe de Gabinete. La polémica se da mientras Adorni continúa bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y crece la presión política para que haga pública su situación patrimonial.
