Piden la indagatoria de José Luis Espert por una transferencia de USD 200.000 vinculada a una causa por lavado

La fiscalía federal de San Isidro solicitó la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La causa se centra en una transferencia de USD 200.000 enviada en 2020 por el empresario Federico “Fred” Machado, quien admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero en Estados Unidos.

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió la indagatoria de José Luis Espert, del contador Mariano Cosentino y de una firma que habría sido utilizada en las operaciones investigadas. El expediente analiza la relación del economista liberal con Machado, un empresario radicado en Estados Unidos que también fue investigado por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico.

Según la explicación brindada por Espert, los USD 200.000 recibidos correspondían a un contrato de consultoría relacionado con una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión al sostener que el exlegislador nunca viajó a ese país, que los emprendimientos mineros mencionados no se encontraban operativos y que no existen pruebas concretas de que haya realizado tareas profesionales vinculadas al acuerdo.

Para los investigadores, el contrato habría servido como una cobertura formal para justificar el ingreso de fondos cuyo origen y destino real continúan bajo análisis. Además, el dictamen señala que tras la recepción de ese dinero se registró un importante incremento en el nivel de vida de Espert y su entorno familiar, reflejado en la compra de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario.

Otro de los puntos centrales de la investigación es la presunta utilización de una maniobra conocida como “pitufeo”. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Espert habría contado con una cantidad significativa de dólares en efectivo que luego eran cambiados informalmente a pesos e ingresados al sistema bancario mediante numerosos depósitos de bajo monto para evitar controles automáticos. La fiscalía sostiene que tanto el patrimonio como los gastos detectados resultarían incompatibles con los ingresos formalmente declarados por el exdiputado antes y durante su paso por el Congreso.