La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo para la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que se constituirá como una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial.
Su principal objetivo será fortalecer la producción pública de medicamentos, considerada un pilar fundamental de las políticas sanitarias de la provincia.
Este organismo estará encargado de garantizar el suministro de medicamentos, vacunas, insumos médicos y productos farmacéuticos en el territorio bonaerense. Además, desarrollará estándares de control de calidad en la producción de esos insumos.
Tareas principales del nuevo organismo
El proyecto establece una serie de responsabilidades para el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, entre las que se encuentran:
- La investigación, desarrollo, exportación e importación de medicamentos, vacunas e insumos médicos.
- El control de calidad de medicamentos, vacunas, alimentos y agua.
- La compra y venta de productos médicos e ingredientes farmacéuticos esenciales para la salud.
Estas acciones, según el Gobierno, buscan garantizar el acceso equitativo a productos sanitarios de alta calidad para los habitantes de la provincia.
Media sanción para garantizar servicios públicos esenciales
Durante la misma sesión, se aprobó con media sanción un proyecto impulsado por el presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, que busca asegurar que las instituciones públicas y asociaciones civiles sin fines de lucro tengan garantizado el acceso a los servicios públicos esenciales.
El proyecto establece que las prestatarias de servicios públicos con jurisdicción provincial deberán garantizar el suministro de gas, agua potable, electricidad y servicios cloacales a organizaciones como sociedades de fomento, hospitales, escuelas y clubes. Esta garantía aplica siempre que los consumos no superen los 5000 kw/h mensuales.
Además, el corte de estos servicios estará prohibido, incluso en casos de mora o aviso de corte. Para regularizar las deudas existentes, las empresas prestadoras deberán ofrecer planes de pago en cuotas mensuales accesibles.
Durante la presentación de la propuesta, Tignanelli afirmó: “Este es un proyecto de profundo sentido de justicia social, pone igualdad entre los prestadores del servicio administrados por el privado y los que administra el sector público”.
