La Secretaría de Transporte de la Nación despidió a 117 empleados de la empresa estatal Corredores Viales S.A., quienes habían participado en una huelga convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).
La medida de fuerza, que se extendió durante cuatro días la semana pasada, fue considerada por el Gobierno como “ilegal e ilegítima”, al tiempo que se denunció una pérdida de más de 2.500 millones de pesos para el Estado.
En un comunicado, la cartera liderada por Franco Mogetta argumentó que la protesta fue iniciada en solidaridad con 500 trabajadores de la empresa privada Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó en 2014. “El sindicato pretendía que el Estado Nacional contrate o indemnice a personas que no están bajo su responsabilidad”, indicaron.
Además, remarcaron que la medida fue realizada sin notificación previa, en incumplimiento de la Ley 14.786, lo que llevó a denunciar el conflicto ante la Secretaría de Trabajo. Desde el Gobierno también señalaron que el gremio modificó posteriormente los motivos del paro para continuar con la huelga de manera indefinida.
El SUTPA rechazó enérgicamente los despidos y los calificó como “un grave ataque a la libertad sindical”. A través de un comunicado, denunciaron que se trata de una represalia por ejercer el derecho constitucional a huelga, y aseguraron que la decisión de la empresa “busca desarticular la organización de los trabajadores”.
También advirtieron que esta conducta constituye una discriminación de índole gremial, violando la Ley 23.592 y los convenios internacionales de la OIT, por lo que exigieron la reincorporación inmediata del personal cesanteado y explicaciones por parte de la empresa Corredores Viales.
