En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora este 28 de mayo, Amnistía Internacional alertó sobre un fuerte retroceso en el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Según su informe “También es por vos: Defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas”, las denuncias, consultas y pedidos de asesoramiento por obstáculos para acceder a este derecho aumentaron un 275% en el último año.
Entre 2024 y abril de 2025, la organización registró 280 casos, frente a los 75 reportados en 2023. Solo en los primeros cuatro meses del año ya se acumularon 160, lo que representa el 133% del total del año anterior. Amnistía vincula este incremento al desfinanciamiento de programas públicos, la falta de insumos médicos y la proliferación de discursos regresivos impulsados desde el gobierno nacional.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que “no se trata de casos aislados” y advirtió que los reclamos se repiten en distintas provincias. “La falta de insumos, el abandono del rol rector del Estado en materia sanitaria y las desigualdades estructurales están dejando a muchas personas fuera del sistema de salud”, declaró ante medios televisivos.
Las principales barreras al aborto legal, seguro y gratuito
El informe señala que las barreras afectan especialmente a mujeres, adolescentes y personas gestantes en situación de pobreza o en zonas rurales. Entre los principales obstáculos figuran:
- Falta de insumos como misoprostol y mifepristona
- Desinformación o ausencia de información oficial
- Consejerías con discursos disuasivos
- Dilaciones injustificadas en la atención
- Maltratos por parte del personal de salud
Además, el documento denuncia que el gobierno de Javier Milei desmanteló políticas fundamentales como el Plan ENIA (Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) y redujo en un 81% la entrega de anticonceptivos y test de embarazo a las provincias. Esto generó una mayor dependencia de los recursos provinciales, dejando a muchas jurisdicciones sin stock.
Otro dato alarmante es que el 33,67% de quienes se contactaron con Amnistía aseguraron no saber cómo o dónde acceder a un aborto legal. La línea 0800 del Ministerio de Salud, que debía brindar información confiable, resultó ineficaz: el 80% de las personas que hicieron denuncias no había logrado contactarse o no obtuvo respuestas adecuadas.
Amnistía también alertó sobre la proliferación de “centros de maternidades vulnerables” que funcionan como espacios de desinformación dentro de hospitales públicos, con el objetivo de disuadir a las mujeres de acceder a un aborto legal. A esto se suman las demoras: el 62% de los casos registrados no pudieron acceder a la práctica dentro del plazo que garantiza la Ley 27.610.
El informe concluye que la regresión en políticas públicas no solo atenta contra derechos conquistados, sino que incrementa la desigualdad territorial y económica, dejando a las poblaciones más vulnerables sin protección efectiva.
