La Cámara de Diputados rechazó, con una amplia mayoría, los vetos del presidente Javier Milei a dos iniciativas claves y giró la resolución definitiva al Senado. La bancada de La Libertad Avanza no consiguió los votos necesarios, incluso entre exaliados, y quedó en minoría frente a un armado opositor que actuó coordinado. La decisión se tomó en una sesión que priorizó la definición rápida del tema, sin extender el debate. Con el resultado, la oposición celebró la insistencia parlamentaria y habilitó el siguiente paso institucional. El oficialismo, por su parte, quedó a la espera de la discusión en la cámara revisora.
La ley de emergencia pediátrica obtuvo 181 votos a favor para su insistencia, mientras que la ley de financiamiento universitario alcanzó 174 votos afirmativos. Ambos expedientes avanzaron luego de que la oposición garantizó el quórum y cerró un acuerdo de tratamiento sobre tablas. El resultado implicó que Diputados ratificó los textos sancionados previamente y desestimó los fundamentos del veto. De este modo, el trámite pasó al Senado, donde se definirá el desenlace. La atención política se trasladó a esa cámara, que deberá reunir las mayorías requeridas.
La dinámica de la sesión mostró un rol protagónico de sectores opositores que plantearon resolver sin demoras. La conducción estuvo motorizada por Miguel Ángel Pichetto, quien promovió una votación ordenada y sin dilaciones prolongadas. El oficialismo intentó postergar el tratamiento y ofreció aplicar los aumentos presupuestarios recién en el último trimestre de 2025, una alternativa que fue considerada insuficiente por la mayoría. También buscó abrir una negociación artículo por artículo, pero no reunió acompañamiento. La oposición mantuvo el pliego y cerró la discusión con la votación.
Qué contienen las leyes insistidas
La emergencia pediátrica estableció una recomposición salarial para el personal del área, con criterios específicos para profesionales y equipos de apoyo. La norma eliminó el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, con el objetivo de reforzar la cobertura en servicios críticos. Además, habilitó compras directas de insumos para agilizar abastecimiento y reducir faltantes. Se incluyeron medidas para fortalecer las residencias médicas, con foco en pediatría y terapias intensivas. El paquete apuntó a sostener la atención en hospitales de referencia y en redes provinciales.
La ley de financiamiento universitario dispuso actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de manera retroactiva a 2024, con ajuste bimensual a partir de su vigencia. Estableció un aumento salarial inicial del 40,8% y la apertura de paritarias trimestrales, con mecanismos de adecuación que contemplan la evolución de precios. El costo fiscal estimado para 2025 se calculó en $1,9 billones, equivalente al 0,23% del PBI. Para los impulsores, el esquema buscó recuperar poder adquisitivo y evitar interrupciones de actividades académicas y de investigación. El oficialismo sostuvo que el impacto en las cuentas públicas exigía alternativas graduales.
La construcción de mayorías incluyó a bloques como la UCR y la Coalición Cívica, además de espacios provinciales y diputados disidentes de otras bancadas. Quienes votaron por la insistencia argumentaron razones de sensibilidad social, de institucionalidad legislativa y de prioridad para la salud y la educación públicas. Señalaron, además, que la situación presupuestaria y salarial requería una respuesta normativa clara para el resto del año. El oficialismo reiteró que la restricción fiscal obligaba a escalonar cualquier mejora. La oposición replicó que la demora profundizaba los problemas de funcionamiento.
Durante la sesión, el Gobierno intentó sumar apoyos con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para provincias, pero ese movimiento no modificó el conteo final. La propuesta de aplicar los refuerzos recién al cierre de 2025 tampoco logró adhesiones suficientes. Concluida la votación, la definición quedó en manos del Senado, que deberá resolver si insiste en los textos con la mayoría requerida. De alcanzar los dos tercios en la cámara alta, el Congreso promulgará ambas leyes por insistencia. Si no se reúne ese umbral, se mantendrán los efectos del veto presidencial.
La sesión se desarrolló en simultáneo con la Marcha Federal Universitaria y con la protesta de trabajadores del Garrahan, que rodearon la Plaza del Congreso durante toda la tarde. Las columnas avanzaron bajo la consigna “Defendamos la educación pública” y reclamaron recursos para funcionamiento, becas y salarios. Los manifestantes señalaron que la caída real del presupuesto afectó el dictado de clases, los proyectos de investigación y la política de extensión. En el frente sanitario, profesionales y personal de apoyo advirtieron sobre la presión de la demanda y los faltantes en áreas críticas. El clima en la calle sumó volumen a un debate legislativo ya tenso.
Los números que explicaron el reclamo
Los convocantes sostuvieron que, en los primeros ocho meses de 2025, el gasto en educación superior cayó 30,4% en términos reales respecto del mismo período de 2023. Para 2025, proyectaron una reducción real del 9,4% frente a 2024 y del 32% frente a 2023. El rubro gastos de funcionamiento —servicios, mantenimiento, limpieza, seguridad— mostró una baja real del 33,4%. En paralelo, el día de publicación del veto se recortaron $40.267 millones del presupuesto universitario. Esa combinación, remarcaron, tensó al límite la administración cotidiana de facultades y sedes.
El deterioro salarial completó el diagnóstico. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes universitarios perdieron 29,1% en términos reales. En los considerandos del veto, el propio Poder Ejecutivo reconoció que, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los sueldos crecieron 128,49% frente a una inflación de 220,45%. La ley universitaria vetada propuso una recomposición inicial del 40,8% y paritarias trimestrales con ajustes mensuales atados al IPC. Con el paso dado por Diputados, la cuestión quedó ahora en manos del Senado, donde se definirá si el Congreso confirma su decisión de avanzar con las normas. El Gobierno, por su parte, deberá recalibrar su estrategia tras el primer revés posterior al resultado del 7 de septiembre en Buenos Aires.
