El Senado sesiona desde las 10.30 y la oposición busca rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.
Pese a la instancia de diálogo político que el Gobierno de Javier Milei abrió después de la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, todo indica que no podrá evitar el rechazo de los vetos.
Como las decisiones del Ejecutivo ya pasaron por Diputados, los vetos quedarían desactivados de manera total y, por ende, ambas normas recuperarían vigor.
El temario de la sesión de hoy, que se definió en una reunión de Labor Parlamentaria realizada en la víspera, incluye también la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.
La Cámara además intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el 2019 por el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.
La suerte está echada en ambas iniciativas, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para Balcarce 50 como otra derrota.
A finales de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos por abrumadora mayoría: el que actualizó fondos para las universidades nacionales cosechó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia en pediatría obtuvo 62 votos afirmativos y ocho negativos.
En cuanto a la emergencia pediátrica, la iniciativa propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectosres de salud pediátricos y no pediátricos.
Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.
En tanto, la ley de Financiamiento Universitario propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.
