El Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional incorporó en las últimas horas la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, según quedó establecido en el dictamen emitido este martes. La eliminación de ambas normas fue incluida en el artículo 75 del proyecto, que propone dejar sin efecto las leyes 27.793 y 27.795, aprobadas por el Congreso durante 2024.
Se trata de dos iniciativas que habían sido promulgadas por el presidente Javier Milei antes de las elecciones generales de octubre, en un contexto en el que el rechazo parlamentario a los vetos oficiales había reducido el margen de maniobra del Ejecutivo. No obstante, su aplicación quedó virtualmente paralizada, ya que nunca se asignaron partidas presupuestarias específicas. Desde el Gobierno argumentaron reiteradamente que “no hay plata” y que correspondía al Congreso definir el origen de los fondos.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso aumentos discrecionales tanto para el sistema universitario como para los prestadores vinculados a la discapacidad, aunque los montos otorgados quedaron muy por debajo de lo previsto en las leyes sancionadas. La decisión de avanzar ahora con su derogación dentro del Presupuesto 2026 despertó fuertes cuestionamientos de la oposición.
“Quienes firmaron el dictamen de Presupuesto del Gobierno validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad”, advirtió la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau. “Es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso y, sobre todo, a las mayorías sociales que las conquistaron”, sostuvo la legisladora en su cuenta de X.
El Gobierno apelará el fallo que reactivó la emergencia en discapacidad
En este contexto, el Poder Ejecutivo confirmó que apelará el fallo judicial que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025, que había suspendido su implementación. El recurso será elevado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
La apelación busca revertir la resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que dispuso la plena vigencia de la ley sancionada por el Congreso. Desde el Gobierno sostienen que el fallo invade facultades propias del Ejecutivo, especialmente en lo relativo a la administración del gasto público y la elaboración del presupuesto.
La gestión libertaria insiste en que la norma fue aprobada sin establecer fuentes de financiamiento claras, lo que, según su postura, vuelve inviable su aplicación y pone en riesgo el equilibrio fiscal. La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027 y había sido suspendida posteriormente por decreto.
La medida generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que alertaron sobre el impacto directo en tratamientos y servicios esenciales. Dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial que derivó en la sentencia ahora apelada.
En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias y recordó los compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales. La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, mientras el debate por el Presupuesto 2026 suma tensión política y social.
