El Gobierno nacional ingresó este lunes al Congreso de la Nación el proyecto de ley que impulsa la baja de la edad de imputabilidad, una de las reformas penales más discutidas de los últimos años. La iniciativa propone modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir el umbral de responsabilidad penal de 16 a 13 años, aunque en el plano parlamentario ya se perfila un consenso para fijarlo en 14 años, con el respaldo de bloques como el PRO y la UCR.
El proyecto establece que la imputabilidad alcanzará a menores involucrados en delitos graves, entre ellos homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Desde el Ejecutivo argumentan que la reforma busca evitar que organizaciones criminales utilicen a menores de 16 años como “escudo”, aprovechando el actual régimen de inimputabilidad.
En materia de penas, la propuesta oficial fija un máximo de hasta 20 años de prisión, con la prohibición expresa de aplicar reclusión o prisión perpetua. Sectores de la oposición plantearon reducir ese tope a 15 años. Para condenas de hasta tres años, el texto prevé medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño y prohibiciones de acercamiento, dejando la privación de la libertad como último recurso.
Centros especiales, presupuesto y financiamiento
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un sistema de detención diferenciado, con establecimientos exclusivos para menores, dotados de personal especializado, educación obligatoria y asistencia sanitaria. La normativa prohíbe de manera taxativa la convivencia con detenidos adultos y apunta a un esquema orientado a la resocialización.
Para garantizar su implementación, el texto asigna un presupuesto específico de $23.739.155.303,08, que será distribuido entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Además, se prevé la firma de convenios entre la Nación y las provincias para financiar la construcción y adecuación de nuevos centros de detención juvenil.
El envío de fondos busca despejar una de las principales objeciones que había generado el debate en experiencias anteriores: la falta de recursos para sostener un régimen penal juvenil diferenciado y con garantías efectivas.
Derechos, garantías y cronograma legislativo
El proyecto refuerza los derechos de las víctimas, garantizando patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, y el derecho a ser escuchadas durante todo el proceso penal. En paralelo, asegura para los menores el acceso a defensa técnica gratuita, tratamiento de adicciones, educación y acompañamiento integral durante su detención.
El debate legislativo tendrá un ritmo acelerado. Este miércoles está previsto un plenario de comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, con el objetivo de emitir dictamen. La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 12 de febrero, en una sesión que promete una discusión intensa y de alto impacto político y social.
