El intendente camporista de Lanús, Julián Álvarez, despidió a 80 personas que se desempeñaban en el servicio de barrido municipal y generó un conflicto gremial, que se trasladó a las calles con una movilización del sector.
La determinación fue comunicada oficialmente por el secretario de Espacio Público, Mauro Iezzi, y reavivó un reclamo salarial que los trabajadores municipales sostenían desde diciembre de 2025, en un contexto de extrema precariedad laboral, con ingresos de apenas $140 mil mensuales.
Una de las trabajadoras despedidas, Florencia Aranda, expuso la situación contractual y el trasfondo del conflicto. “No existe ningún contrato firmado. A cada barrendero se le deposita los 140 mil pesos en una cuenta a su nombre, que viene desde una cooperativa”, explicó sobre el confuso esquema laboral del municipio de Lanús.
En tono crítico, la trabajadora apuntó directamente contra el discurso político del intendente Julián Álvarez y cuestionó la coherencia entre su identidad partidaria y las decisiones adoptadas. “Estas 80 familias hoy se encuentran con que trabajaron todo el mes y no van a percibir su sueldo para llevar la comida a sus casas. Este intendente que dice ser peronista, pero no dignifica a nadie”. sentenció.
En tanto, Aranda relató que el conflicto no es nuevo y que los reclamos al intendente Álvarez se acumulan desde hace tiempo. “Nosotros el reclamo ya lo veníamos haciendo, pero no tan fuerte como en diciembre, cuando se había tomado la misma definición que ahora de despedir a la misma cantidad de gente”, recordó la trabajadora, en relación a las protesta con cortes que realizaron a finales del año pasado.
En ese marco, la trabajadora despedida explicó que, junto a sus pares, evalúan nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuestas oficiales. “Aún no sabemos si va a ser mañana mismo o al principio de la semana que viene”, indicó Aranda, al tiempo que precisó que hasta el momento la única acción concreta fue la difusión de un comunicado con el objetivo de abrir un canal de diálogo con las autoridades locales, una posibilidad que, a su entender, “no estaría contemplada por el Ejecutivo municipal”.
En este sentido, los municipales sostuvieron en un escrito difundido a la prensa que la medida constituye una “persecución política y sindical” contra quienes llevaron adelante un legítimo reclamo salarial en diciembre pasado, y remarcaron que la precariedad laboral incluye la ausencia de recibos de sueldo, la falta de ropa de trabajo y la supuesta vinculación a una cooperativa cuya matrícula se desconoce.
En el mismo texto, los trabajadores subrayaron que la decisión del municipio de Lanús “no responde a la falta de recursos, sino a una definición política”, al enfatizar que la Secretaría de Espacio Público liderada por Iezzi es el área con mayor presupuesto dentro del Estado municipal.
Por ese motivo, anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y ratificaron las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo, al tiempo que exigieron la reincorporación inmediata de los despedidos, una solución salarial urgente y el cese de lo que consideran una política de castigo hacia quienes reclaman condiciones laborales dignas.
