El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó un rechazo categórico al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el oficialismo en el Congreso. El mandatario definió la iniciativa como “repugnante” y sostuvo que se trata de una “ley de precarización”, al tiempo que confirmó su asistencia a la movilización convocada frente al Congreso junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Con esta postura, Kicillof se diferenció de otros gobernadores peronistas que optaron por una estrategia de diálogo con la Casa Rosada. En cambio, el mandatario bonaerense encabeza un bloque de gobernadores que se oponen abiertamente al proyecto, integrado por Formosa, La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, que también rechazan los cambios vinculados al impuesto a las Ganancias.
Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que la reforma no solo afecta derechos laborales históricos, sino que además introduce modificaciones que alteran el esquema de competencias entre la Nación y las provincias, con impacto directo sobre los sistemas locales de control y fiscalización.
Un informe con críticas estructurales
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó un informe de 50 páginas en el que detalla los principales cuestionamientos al proyecto. El documento advierte sobre la pérdida de derechos laborales, al señalar la derogación de principios protectores como el in dubio pro operario y el fin de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.
El texto también alerta sobre un proceso de precarización laboral, al considerar que la iniciativa facilita los despidos, reduce indemnizaciones y promueve el Fondo de Cese Laboral como un mecanismo que beneficia de manera exclusiva a los empleadores. En esa línea, se sostiene que la reforma debilita la posición del trabajador frente a las empresas.
Otro de los ejes del informe es el debilitamiento sindical. Según el análisis oficial, el proyecto busca fragmentar el movimiento obrero y limitar el alcance de las negociaciones colectivas, afectando la capacidad de los gremios para representar a sus afiliados.
Federalismo, condiciones laborales y tensión política
El gobierno bonaerense cuestionó además lo que definió como un proceso de desfederalización, al objetar la transferencia de competencias de fiscalización laboral desde las provincias hacia la Nación. A esto se suman advertencias sobre el aumento de las jornadas de trabajo, la reducción de licencias por enfermedad y en modalidades como el teletrabajo, y una supuesta mayor impunidad para empleadores con personal no registrado.
En paralelo, el debate se desarrolla en un contexto de presión partidaria dentro del peronismo. Existen denuncias sobre posibles intervenciones a sedes provinciales del PJ si los legisladores no votan en contra de la reforma, lo que profundizó la tensión interna.
Desde el Gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió la iniciativa y sostuvo que la reforma apunta a terminar con el estancamiento y la informalidad laboral, al tiempo que acusó a la oposición de proteger privilegios sectoriales. El cruce de posiciones anticipa un debate legislativo y político de alta intensidad en las próximas semanas.
