Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para dejar sin efecto la eliminación del subsidio que financiaba los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, tras la decisión adoptada por el Gobierno de Javier Milei a través de la Secretaría de Transporte. La medida generó un fuerte rechazo de empresas del sector y organizaciones vinculadas a la discapacidad, que alertaron sobre el impacto social y económico de la normativa publicada en el Boletín Oficial.
Además de impulsar la anulación de la resolución, los legisladores elevaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con el objetivo de obtener explicaciones “precisas, completas y documentadas” sobre la derogación del fondo compensador. Las compañías de transporte denunciaron que el Estado mantiene una deuda millonaria y afirmaron que no reciben los pagos correspondientes desde diciembre de 2024.
Entre los principales impulsores de la iniciativa se encuentra el diputado Diego Giuliano, quien cuestionó duramente la decisión oficial. “El ajuste de los dos primeros años del gobierno de Milei sobre la discapacidad hizo colapsar el sistema de gratuidad al transporte para discapacitados, pacientes oncológicos pediátricos y trasplantados en lista del Incucai”, sostuvo en declaraciones a C5N.
El legislador aseguró además que la resolución “no elimina el beneficio, sino el financiamiento”, y advirtió que eso representa “un paso hacia la eliminación del derecho”. Según explicó, el impacto podría trasladarse al resto de los pasajeros mediante aumentos tarifarios o una reducción en la calidad del servicio y las frecuencias. “Lo peor es que inauguran una cuestión muy grave: cuando la ley no les gusta, no la cumplen”, expresó.
En los fundamentos del proyecto, la oposición remarcó que la decisión del Gobierno vulnera principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de las personas con discapacidad y al derecho a la salud. “Mantener formalmente una obligación legal no equivale, por sí mismo, a garantizar su cumplimiento efectivo”, advierte el texto parlamentario, que considera la medida como un retroceso en materia de derechos sociales.
