Jueces y defensores expusieron sobre el nuevo régimen penal juvenil

Fue en el marco de un plenario de comisiones en Diputados para analizar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Con la exposición de especialistas de distintos ámbitos, se llevó a cabo este jueves la segunda jornada de audiencias públicas que apuntan a establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. El debate se dio en el marco del plenario de comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda.   

La reunión donde se debatió la iniciativa del Poder Ejecutivo que propone un abordaje interdisciplinario de los menores que cometen delitos y lograr su reinserción social, estuvo presidida por la diputada Alejandra Martínez (UCR-Jujuy), titular de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

La jornada tuvo como ejes la justicia especializada y capacitación de miembros del Poder Judicial y fuerzas de seguridad.

Duras críticas

La ministra de Desarrollo Social de La Pampa, Fernanda Alonso, quien además es miembro del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), criticó la iniciativa al considerar que “es anticonstitucional, retrógrada y avasalla e ignora las autonomías provinciales”.

“Parece un digesto al que le sobran muchos artículos y le faltan recursos para abordar la problemática de la niñez”, agregó Alonso. “Asumamos nuestras responsabilidades y hagámonos cargo de los fracasos para lograr construir algo mejor para las futuras generaciones”, sentenció.

La abogada Matilde Bruera, ex Defensora Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Rosario y Subrogante ante la Cámara Federal de Casación Penal, fue tajante con respecto al argumento que relaciona la problemática de la inseguridad con la infancia. “Es distractivo, ya que la incidencia de los menores es muy baja. Son los niños a quienes explotan y resultan ser las víctimas de la inseguridad”, enfatizó.

Gustavo Gallo, defensor público coadyuvante de niños y niñas menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, sostuvo que -a su juicio- “el proyecto carece de la línea de los mandatos constitucionales e internacionales, y va en el camino contrario de lo que recomendó el Comité de los Derechos del Niño”.

Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, víctima de violencia institucional, contó su trágica experiencia y la “lucha colectiva” que viene llevando adelante para “transformar el horror apostando a la vida”.

“Se ensañan con nuestros jóvenes, queriendo bajar la edad de imputabilidad, en vez de dedicarse a sacarles las riquezas que acumulan los narcotraficantes con los pobres”, afirmó Medina. “Ustedes (por los legisladores) van a ser los responsables de lo que salga como ley y el pueblo los va a condenar”, opinó.   

Asimismo, Mónica Litza, diputada mandato cumplido y actual concejal de Avellaneda, consideró que es “desacertado e inapropiado el momento” en que se trata la iniciativa del Poder Ejecutivo. En otro orden, remarcó que “en la Argentina la reincidencia es un tema muy importante y en el proyecto está obviado”.

El presidente de la Cámara Criminal y Correccional de 7ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, Daniel Cesano, rechazó, a su turno, la “visión equivocada que considera a los niños como adultos en miniatura”.

Demora

Gustavo González Ferrari, juez de Cámara de la Nación y miembro de la comisión redactora, remarcó la “gran demora” que hubo para tratar el proyecto y destacó la “incapacidad democrática para charlar de ciertas cuestiones”.

“Perdemos la visión imprescindible de dotar a nuestra sociedad de un marco jurídico que brinde al juez y a los jóvenes de alternativas para no llegar a la instancia de la prisión”, especificó.

Ramón Bogado Tula, juez de juicio de San Martin, instó a actuar mancomunadamente para lograr contribuir “al pleno imperio del estado de derecho y a la paz social”, resaltó. Al respecto, añadió: “Las herramientas tecnológicas hoy nos permiten llegar a todos lados para lograr un abordaje integral y capacitar a las fuerzas de seguridad”.

En tanto, Raúl Alejandro López, titular de la Defensoría Penal del Niño y Adolescente de la I Circunscripción Judicial de Neuquén, se refirió específicamente al artículo 8 del texto. “Solamente hace mención de justicia especializada en una sola línea del proyecto, no superando las exigencias de las normativas internacionales”, expuso.

También brindaron testimonios jueces, fiscales, especialistas y defensores de menores, de distintas provincias. La próxima semana continuarán las audiencias públicas.

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