Arrancó el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil

Funcionarios y especialistas expusieron en un plenario de comisiones en Diputados.

La Cámara de Diputados realizó este martes la primera jornada de debate público del proyecto de Régimen Penal Juvenil, con exposiciones de funcionarios y especialistas, que exhibieron posiciones contrapuestas sobre aspectos de la iniciativa que propone, entre otros puntos, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años para los menores que cometen delitos con penas superiores a los 15 años.

En la apertura de la audiencia, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada nacional Gabriela Burgos, afirmó: “Es histórico que estemos reunidos para avanzar en esta temática”.

Previamente, las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Alejandra Martínez (UCR-Jujuy); y Presupuesto y Hacienda, encabezada por el diputado Luciano Laspina (PRO), habían acordado realizar audiencias públicas ordenadas por temáticas, para escuchar a la mayor cantidad de voces, en una metodología similar a la utilizada el año pasado durante la discusión por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

“Deuda histórica”

La presentación del proyecto comenzó con la exposición de Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Proponemos un sistema de responsabilidad penal juvenil que viene a suplir una deuda histórica de más de 39 años. Es un sistema completo integrado por 100 artículos”, detalló.

“El proyecto de ley propone un abordaje integral de la problemática, introduce alternativas de inserción social y hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente en el proceso”, puntualizó Casares.

El funcionario explicó que el proceso de trabajo duró tres años. En ese sentido, aclaró que para la redacción del proyecto fueron tenidos en cuenta las iniciativas de distintos diputados y senadores: Elisa Carrió, Ana Carla Carrizo, María Laura Leguizamón, Fernando “Pino” Solanas y Sergio Massa. También la media sanción del Senado del 2009.

Casares, asimismo, sostuvo que “con una mirada federal, hay que avanzar en el diseño de una ley adecuada”.

A su turno, Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, describió los puntos más relevantes del proyecto.

Entre los lineamientos generales, el funcionario señaló: “Nos propusimos tener una norma nacional que ponga un piso de derechos y garantías para todos los menores vinculados con el sistema penal juvenil”.

“Una de las bases del proyecto es la creación de un sistema penal juvenil que hoy no existe en la Argentina a nivel federal”, resaltó. Además, Benítez expresó que “se necesita una Justicia especializada, ya que el abordaje debe ser diferente del que se da con los adultos”.

También destacó “la capacitación a los magistrados, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad para un trabajo interdisciplinario”, y afirmó que la norma “busca incorporar al proyecto los mecanismos no tradicionales de resolución del conflicto, tal como lo disponen las Convenciones Internacionales sobre los Derechos del Niño”.

En la misma línea, Benítez resaltó: “Se ha establecido que ningún delito con una pena menor a 10 años pueda permitir el encarcelamiento del menor”.

Además, la norma prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de quince años de prisión. En ese sentido, el funcionario indicó: “Creemos que es una propuesta razonable dentro de las edades de responsabilidad penal juvenil”.

Más exposiciones

La reunión informativa continuó con la exposición de varios especialistas, representantes de ONG’s, organismos internacionales, investigadores y otros invitados quienes brindaron su postura sobre el proyecto.

Silvina Paz, de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, pidió “agregar un protocolo de actuación”, ya que “es necesario recuperar a la víctima, fortalecer la responsabilidad subjetiva de la persona, y reparar los daños causados”.

A su turno, Ana Cecilia Bajlec, juez de Garantías del Departamento judicial de Trenque Lauquen, apuntó: “Hay que tener en cuenta un sistema con implicación subjetiva e integración social”. “Se busca rehabilitar, no reprimir”, resaltó.

En tanto, la jueza de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carla Cavaliere, destacó “la importancia de que se escuche la voz del imputado y de la víctima”. Sobre los mecanismos alternativos, incluidos en el proyecto del Ejecutivo, la jueza señaló: “Debemos tener en cuenta el consentimiento de la víctima para involucrarse en el proceso”.

A continuación Silvia Guemureman, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), manifestó su opinión “fundamentada por la intención de producir mejores estándares de derechos”.

En la misma línea, sugirió que “la propuesta del Ejecutivo se fusione con otras propuestas”, y explicó que hasta el 2017 “ha contabilizado más de 100 proyectos presentados”.

Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, Guemureman sostuvo: “Fijar una barrera de edad es una decisión en términos de políticas criminal”. “Es donde el Estado se arroga el derecho de poner el límite y la línea divisoria”, cuestionó.

Por otro lado, la abogada Daniela Vetere manifestó la necesidad de crear una “disposición que prohíba el alojamiento de un menor en una comisaría”, ya que aseguró “no responde a ningún estándar institucional”, puesto que “allí es dónde se produce la mayor violación de los derechos”.

El defensor general de Lomas de Zamora, German Bauche, describió a la “Justicia restaurativa” como “un modo de manifestación del derecho penal”, respetando la “forma humanitaria”.

Asimismo, indicó: “Me hubiese gustado que en el proyecto de Ley se manifieste una política de Estado con métodos de la justicia restaurativa para resolver los conflictos”.

En el mismo sentido, Diana Eilbaum de la Dirección Nacional de mediación y métodos participativos de resolución de conflictos, perteneciente a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, recordó que trabaja en un “protocolo de mediación penal juvenil restaurativa, que introduce modelos de abordaje”.

Luisa Brumana, representante de UNICEF en la Argentina, pidió “garantizar condiciones de vida digna” y aseveró que “la represión y el castigo deben ser reemplazados por la reinserción social de los adolescentes”.

“Un sistema de justicia juvenil tiene que ser especializado y los Estados deben tomar medidas para promover leyes específicas para abordar el tema de los conflictos de los adolescentes con la ley penal”, completó.

Previo El PJ de Lanús reclama “compromiso” para llegar a las elecciones con una lista
Siguiente Le revocaron la condicional en 2017, pero lo detuvieron ayer