Confirmaron procesamientos de más de 40 intendentes

Así lo dispuso la Cámara Federal porteña en el marco de una causa por supuesto fraude con un programa de residuos.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU).

Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.

La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los PMIGIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”, indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron también que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos”.

Procesados

Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.

En febrero, el juez Claudio Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

“Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en aquel el fallo de 347 páginas.

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