DEBATE ABIERTO

Edad de imputabilidad: el posicionamiento de UNICEF


Luego de que el Gobierno planteara la necesidad de una Reforma Penal Juvenil y, en ese marco, el análisis sobre una posible baja en la edad en la cual los menores pueden ser imputados por cometer delitos, Info Región trasmite el posicionamiento del organismo de la ONU sobre el tema.


El crimen de Brian Aguinaco, el adolescente que fue asesinado por otro de 15 años en Flores a fines de diciembre, abrió nuevamente en el país la discusión sobre la edad a la cual deben ser imputados los menores cuando cometen delitos.

El puntapié inicial lo dio el Gobierno, que no propuso desde el vamos reducir la edad, pero sí analizar la posibilidad de que se pueda condenar, aunque con distintas penas de acuerdo a la gravedad del delito, a chicos desde los 14 años. Hoy la edad de imputabilidad en el país es a partir de los 16.

Las críticas se hicieron oír desde diferentes sectores, como el GEN e incluso el Frente Renovador en voz del ex secretario de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, aun pese a que el propio líder de ese espacio, Sergio Massa, hubiera alentado esa iniciativa en la última campaña electoral.

Lo cierto es que la iniciativa oficial promueve discutir este tema tan sensible en el marco de una Reforma integral al Régimen Penal Juvenil y a partir de la creación de una comisión que estaría integrada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud.

En ese marco, desde Unicef publicaron un posicionamiento en el que advierten que hoy "la normativa a nivel nacional es incompatible con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN)". Es que, mientras la mayoría de los países de América Latina tienen en funcionamiento distintos sistemas de responsabilidad penal juvenil que fueron puliendo desde que se firmó la (CIDN) en 1989, Argentina, a pesar de ratificar ese tratado, aún no ha modificado el régimen penal para los menores sancionado durante la última dictadura.



En ese marco, consideran necesario "derogar la normativa nacional y sancionar una ley acorde a los estándares internacionales". "De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece estas discrepancias entre provincias", señala.

Y apunta que, en el caso de los adolescentes menores a 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, "en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos".

En datos duros, el informe sostiene que según el último relevamiento disponible, de 2015, son 1.305 los adolescentes privados de su libertad en centros cerrados, en su mayoría varones entre 16 y 17 años. Al momento del relevamiento, sólo el 6,3% eran niños menores de 16 años.

"En este sentido, la baja de la edad de imputabilidad implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país. Por su parte, el 80% de adolescentes privados de su libertad se concentran en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe", asegura UNICEF.

En contra de bajar la edad de imputabilidad. Tras exponer el panorama actual, el organismo concluye que "se requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal".

Además, considera clave que la reforma legislativa se vea acompañada de "una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia".

Posicionamiento Justicia Penal Juvenil2017 by Cintia Vespa on Scribd



Cintia Vespasiani


* Nota correspondiente a la publicación del día 06 de Enero de 2017




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