El vicepresidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Gustavo López, ratificó este domingo que el Gobierno va a apelar ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que otorgó una medida cautelar en favor de Telecom Argentina en suspensión de los artículos del DNU 690/2020, que declara a las telecomunicaciones como servicio público.
“Millones de argentinos no pueden quedar rehenes de dos personas que deciden por los millones, y que vienen a suplantar al sistema político y deciden que para una empresa la ley no se aplica”, subrayó López.
En esa línea explicó, en diálogo con radio El Destape, que el Poder Ejecutivo y en cabeza del presidente de la Nación, Alberto Fernández, dentro de las facultades emanadas de la Constitución Nacional en su artículo 99, sancionó el DNU.
El mismo declaró a las telecomunicaciones como servicio público, y definió que el precio ya no podría ser determinado de manera arbitraria por las empresas sino que el Estado iba a intervenir en su fijación. Además, se estableció una prestación básica universal por medio del mismo.
La medida fue tomada en el marco de la pandemia de Covid-19 y con el objetivo de contemplar que en este contexto el acceso a “las telecomunicaciones son una necesidad, dado que el coronavirus obligó al trabajo de forma remota, a la educación virtual, e incluso a la realización por medio de internet de trámites, pedidos de recetas médicas, e incluso de la inscripción a subsidios, y hoy hasta para inscribirte a la vacunación”, señaló López.
El viernes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez.
Además, sostuvo que hay una reflexión necesaria derivada de esto que tiene que ver con que “las empresas que no quieren ningún tipo de regulación van a la Justicia”, y en ese accionar “se afecta la gobernabilidad y el sistema democrático”.
“Se judicializan todas las decisiones políticas, y siempre hay algún sector de la Justicia apresurado por quedar bien con algún sector empresarial”, agregó.
