La madre de Lucio Dupuy, el chiquito asesinado a golpes en La Pampa y su pareja, Abigail Páez, están alojadas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis y desde las primeras horas del miércoles circuló dato de que habían sido atacadas a golpes dentro del centro penitenciario. Sin embargo, el área de prensa del Ministerio de Seguridad de San Luis desmintió este jueves que se haya producido el ataque.
A contramano de la desmentida, circuló hoy por las redes un crudo video con una brutal golpiza a una mujer dentro de una cárcel argentina, con la leyenda sobreimpresa “Justicia x Lucio” y “La cárcel castiga”, que sugería, y así era posteado, que se trataba de un registro de la golpiza desmentida.
La baja calidad del video y algunos rasgos faciales de la mujer golpeada podían llevar a confusión, pero el color y sobre todo el largo del pelo hacen pensar que se trata de otra persona, igualmente víctima de una paliza atroz.
Las crudas imágenes muestran a una mujer mientras la revolean contra una reja, y luego cuando está en el piso de lo que parece ser una celda mientras algunas mujeres la patean y otra le pega en la espalda con un elemento contundente. En un charco de sangre, la mujer se pone en posición fetal mientras las agresoras le exigen que se ponga de pie para seguir pegándole.
Un momento especialmente dramático del corto video es cuando la víctima, en medio de la desesperación, pide por la presencia de guardias de seguridad, que nunca llegan.
Cansados de pegarle, las reclusas la ponen de pie para pedirle ante la cámara que la filma que cuente qué hizo con su hijo. Fuera de sí, como perdida, la mujer sólo alcanza a responder que no recuerda lo que pasó.
Sobre el final, visiblemente lastimada y shockeada, sin que ninguna autoridad haya intervenido para detener la agresión, las atacantes le ordenan que se vaya a lavar y limpie el lugar.
Como si la atrocidad de la que se la acusa justificara otras atrocidades, aún cuando no se trate de la persona falsamente invocada, las imágenes muestran el grado de vulnerabilidad de los detenidos dentro de una dependencia que según la Constitución Nacional debiera ser para seguridad y no para castigo, y en la que el Estado debe velar por la seguridad y la integridad de las personas, independientemente del delito del que se las acuse.
