El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se cumpla el fallo que dispuso que el Gobierno nacional destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables al distrito, y anticipó que denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de “incumplirlo”.
Así lo adelantó este viernes en una conferencia desde la sede del gobierno porteño, en la que consideró que el presidente Alberto Fernández “decidió quebrar el orden constitucional y atentar contra el estado de derecho“.
“Esto es de altísima gravedad, pone en riesgo la base de nuestra democracia; el Presidente ha decidido no acatar un fallo de la Corte”, aseguró Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y aspirante a competir por la candidatura de Juntos por el Cambio de cara a las presidenciales del año próximo.
“¿Quién va a confiar en un país donde el Presidente no respeta a la Corte?”, dijo, a la vez que anunció que los bloques legislativos de Juntos por el Cambio “están analizando otras acciones judiciales y legislativas”.
La rueda de prensa se produjo tras una serie de reuniones que mantuvo el alcalde porteño con funcionarios del área de Hacienda y Finanzas en las últimas horas, luego de la decisión del presidente Alberto Fernández -tras una reunión con catorce gobernadores- de objetar el fallo del máximo tribunal que aumentó a 2,95 el coeficiente que recibe la ciudad por los fondos coparticipables.
LA CORTE FALLÓ A FAVOR DE LA CIUDAD
La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por la coparticipación.
La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal y dispuso, en los hechos, la suspensión de la ley 27.606 que fijó en 2.32 por ciento la participación de la Ciudad en los impuestos que administra el Estado Nacional.
La Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida la Ciudad en 2016, y terminó resolviendo la Corte luego de una instancia larga de mediación y negociación en el ámbito del máximo tribuna.
