La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció al jefe de Gabinete y secretario de Seguridad del partido de Lanús, Diego Kravetz, por su accionar, con un arma, en el marco de la detención de un adolescente de 16 años que había sido señalado como presunto delincuente por vecinos de Villa Giardino.
“En un hecho de enorme gravedad institucional: el funcionario asumió funciones policiales e incluso judiciales que no le están legalmente atribuidas por su cargo público. Tampoco es la primera vez que el funcionario reivindica estas acciones ilegales y discriminatorias que vulneran los derechos humanos elementales y las garantías constitucionales”, expresó la CPM en un comunicado.
El pasado sábado, en la localidad de Villa Giardino, partido de Lanús, el funcionario municipal, que portaba un arma de fuego, redujo a un adolescente de 16 años en el marco de una visita que realizaba en la zona.
“El hecho reviste de suma gravedad ya que implicó la participación abusiva de un funcionario público en una situación donde se vulneraron derechos fundamentales de un adolescente”, argumentaron desde la Comisión Provincial por la Memoria, que a la vez presentó una denuncia ante el fiscal general del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Guillermo Castro, para que se investigue el hecho.
Para el organismo, la intervención de Kravetz “representó la asunción de funciones policiales que no le están legalmente atribuidas por la función que cumple y en consecuencia representaron la privación ilegal de la libertad de un joven de 16 años”.
“Kravetz no es funcionario policial y en función de esto, no está investido de ninguna atribución especial para privar de la libertad a las personas y mucho menos de realizar procedimientos policiales. En su rol de secretario de Seguridad sólo tiene atribuciones para diseñar y coordinar políticas de prevención de manera conjunta y articulada con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero bajo ningún concepto esto lo inviste de las funciones y atribuciones policiales”, analizó la Comisión.
En declaraciones periodísticas, Kravetz contó que el hecho ocurrió mientras se encontraba conversando con vecinos y uno de ellos le advirtió que por la esquina pasaba una moto con que venía robando en la zona hace unos días, por lo que el Secretario lo persiguió con un arma de fuego y lo detuvo impartiendo la voz de alto y luego de forcejear lo detuvo.
“Más grave aún, alegando estar habilitado para la portación de armas, excediendo la eventual autorización de trasladar el arma que esto implica, la usó para una finalidad y en un supuesto que no se encuentra autorizado, ya que la única hipótesis que permite el empleo del arma es la legítima defensa”, planteó la CPM.
En la denuncia presentada por la CPM se solicitó una serie de medidas de prueba sobre los hechos, que se oficie a las dependencias responsables de hacer cumplir la normativa vigente y que se proteja a la víctima con medidas consensuadas.
“Resulta de suma importancia investigar todas las hipótesis posibles de comisión de distintos ilícitos: la privación ilegítima de liberad de un adolescente, la tenencia/portación ilegal de arma de fuego, el abuso de autoridad y las amenazas, entre otras. En este caso, el funcionario no intervino ante un supuesto de legítima defensa sino que realizó un uso abusivo, desproporcionado e injustificado del arma de fuego”, detallaron.
Se analizó desde la Comisión por la Memoria que “Kravetz, lejos de registrar la gravedad de su accionar, lo celebró de forma pública“, se destacó que “no es la primera oportunidad en la que el funcionario realiza intervenciones ilegales y discriminatorias contra jóvenes y niños”, y se apuntó que “la intervención del funcionario además de ser ilegal, da cuenta de un pensamiento autoritario que estigmatiza a los sectores más pobres, llevándolo a justificar acciones violentas, banalizar esta violencia y arrogarse funciones no sólo policiales sino también judiciales”.
Desde la CPM reiteraron que “esas medidas que Kravetz actúa y reivindica, además de ser inútiles para prevenir el delito, vulneran los derechos humanos elementales y las garantías constitucionales” y plantearon que “los funcionarios tienen una responsabilidad mayor de actuar dentro del marco legal respetando los principios republicanos de gobierno“.
