La Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo judicial que le ordenaba estar a cargo del operativo de seguridad por la protesta de jubilados, que contará con el acompañamiento de numerosos gremios y organizaciones sociales.
El gobierno porteño apeló la decisión judicial porque se trata de un operativo combinado; es decir, participan las fuerzas porteñas y las federales, a cargo de Patricia Bullrich.
El juez Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se “abstenga” de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, “en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad”.
Varios gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron amparos “para evitar la participación de fuerzas federales“, a cargo de Patricia Bullrich.
Por otra parte, el juez ordenó que se garantice “la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes” en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.
Y pide que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
