El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, al resumir el acuerdo de todas las instituciones universitarias nacionales presentes.
El decano anfitrión, Leandro Vergara, recordó que “un decreto no puede suspender una ley” y consideró grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento normativo. “Más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, añadió el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
El presidente de la Nación había vetado la norma aprobada en agosto, pero el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. Sin embargo, la ley fue promulgada y suspendida, una situación que “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara. Bartolacci concluyó que, tras agotar los canales institucionales, “ahora corresponde recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el Presupuesto 2026 y que se contemplen, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
