El Gobierno nacional profundizó este martes su política de desregulación con la derogación de 58 resoluciones y disposiciones relacionadas con el comercio, la industria, las importaciones y programas de consumo. La medida fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción y la Disposición 534/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, ambas publicadas en el Boletín Oficial.
Desde el Ministerio de Economía argumentaron que gran parte de las normativas eliminadas habían perdido vigencia práctica tras la derogación o modificación de leyes como la de Abastecimiento, Góndolas y el Observatorio de Precios. Según los fundamentos oficiales, la acumulación de regulaciones generó superposición de normas, incertidumbre jurídica y mayores costos administrativos para ciudadanos y empresas.
Entre las principales derogaciones aparecen 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), 30 resoluciones relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple, disposiciones sobre controles de precios, requisitos de información comercial y procedimientos para autorizaciones de importación. También fueron eliminadas regulaciones que obligaban a los colegios privados a informar anticipadamente sus aumentos de cuotas y normas asociadas al programa Precios Cuidados.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas permitirán agilizar el comercio, facilitar el ingreso de productos importados y reducir cargas burocráticas para el sector privado. Sin embargo, especialistas advierten que la menor intervención estatal podría traducirse en una menor capacidad de control sobre precios, abastecimiento y financiamiento al consumo, además de una mayor libertad para que los establecimientos educativos ajusten sus aranceles.
La decisión se complementa con el avance parlamentario de la denominada Ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en el Senado. La iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger propone derogar o modificar más de 70 leyes vigentes que, según el Gobierno, resultan obsoletas, redundantes o incompatibles con el actual esquema regulatorio.
El proyecto se basa en el principio de “máxima libertad” y apunta a eliminar organismos, fondos, comisiones y programas considerados innecesarios, además de revisar normativas vinculadas a controles estatales sobre actividades privadas. También contempla la eliminación de beneficios específicos para determinados sectores y la reducción del financiamiento público a entidades como la Federación Argentina de Municipios.
De aprobarse en el Congreso, la Ley Hojarasca consolidaría una de las reformas de desregulación más amplias impulsadas por la actual gestión, profundizando un modelo que busca reducir el peso normativo del Estado y otorgar mayor protagonismo a las reglas del mercado en distintos ámbitos de la economía y la vida cotidiana.
