Reforma de Inocencia Fiscal: el Gobierno envió al Congreso el proyecto para ampliar el régimen simplificado de Ganancias

La iniciativa busca incentivar el ingreso de dólares al sistema formal y ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El oficialismo intentará aprobarla antes de fines de agosto.

El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y fomentar el blanqueo de dólares que permanecen fuera del sistema financiero. El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello.

La propuesta permitirá que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por el régimen simplificado, eliminando el límite vigente que restringía el acceso a quienes registraran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones. Según el Gobierno, la medida busca “democratizar el acceso” a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promueva la formalización de la economía.

El proyecto también redefine los mecanismos de fiscalización de ARCA. Si bien el organismo mantendrá los controles sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, se establece un nuevo criterio para determinar una “discrepancia significativa”, que habilitará la revisión de declaraciones juradas cuando la diferencia implique un aumento del impuesto o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% de lo declarado.

En materia de prevención del lavado de dinero, la iniciativa exige que quienes adhieran al régimen realicen sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando canales autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Además, extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 los beneficios previstos por la Ley 27.799 para los fondos canalizados por estas vías. El oficialismo buscará tratar el proyecto en la primera semana de agosto y necesitará el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados para alcanzar la mayoría necesaria, en un debate que promete polémica por la posibilidad de que funcionarios públicos también puedan acceder al régimen.