Seis personas recibieron penas de entre 6 y 14 años de prisión por un secuestro en Villa Fiorito, en julio de 2019. Para liberar a la víctima, pidieron 80 mil pesos de rescate y drogas, aunque el pago nunca se concretó y el hombre fue liberado.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Ricardo Basílico, en el marco de un juicio oral y público por el secuestro extorsivo de un hombre.
El tribunal condenó a Diego Alonso Rojas Navarro, Alexander Pecho Rosas y Johny Alexander Pérez Urquizo a 14 años de cárcel por el delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas.
Por el mismo delito, Emmanuel Yupanqui Peña y Claudio Gastón Palomo fueron condenados a 12 y 10 años de prisión, respectivamente.
En tanto, Maximiliano Javier Arias recibió una pena de 6 años de cárcel como partícipe necesario del secuestro.
Por su parte, Pérez Urquizo también fue sentenciado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que Yupanqui Peña fue declarado reincidente al tener una condena previa.
Por último, los jueces ordenaron el decomiso del automóvil Peugeot 308 y los teléfonos celulares utilizados para cometer el secuestro, como así también las balanzas secuestradas en su momento.
El secuestro en Villa Fiorito
El hecho que se ventiló en el debate oral ocurrió en la mañana del 17 de julio de 2019 en la calle Juan Domingo Perón al 4200 de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, cuando un hombre caminaba desde la casa de su prima hacia una estación de servicio y fue capturado.
Uno de los secuestradores tenía puesto un chaleco y una gorra de la Policía Federal Argentina (PFA) y todo el resto de la banda, que se desplazaba en un automóvil Peugeot 2008, portaba armas largas.
Luego de retener y ocultar a la víctima, los captores se pusieron en contacto con su familia y exigieron 80.000 pesos y drogas para su liberación.
Finalmente, dos días después el hombre fue liberado en la esquina de avenida Mariano Acosta y Corrales, en el barrio porteño de Villa Soldati, sin que se concretara el pago del rescate, y con lesiones en su cuerpo.
La búsqueda de los secuestradores
El mismo día en que la víctima recobró su libertad, efectivos policiales detuvieron a Palomo -quien, para ocultar su verdadera identidad, se presentó como Joel Agustín Yevaras- junto a Alonso Rojas Navarro y Arias. Los hombres fueron interceptados cuando circulaban en un Peugeot 2008, en la intersección de las calles Perito Moreno y Tilcara, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Dentro del vehículo se encontró una gorra de la Policía de la Ciudad, dos chapas patentes, chaleco antibalas y se secuestró el celular del conductor. También, intentaron detener a un Peugeot 308, pero se dio a la fuga. Ese vehículo apareció abandonado en la Villa Zavaleta.
A partir de la intervención de una línea telefónica vinculada al pedido de rescate mediante la aplicación WhatsApp, la policía realizó averiguaciones en torno a la titularidad y estableció que se encontraba a nombre de Yevaras. Sin embargo, dentro del requerimiento se señaló que la línea pertenecía a Palomo y que había utilizado el nombre de Yevaras con el fin de desviar la atención.
Tras un análisis de las líneas telefónicas (lo que incluyó el acceso a mensajes de texto, activación de celdas y el listado de llamadas entrantes y salientes), se pudo establecer que los movimientos coincidían con el secuestro de la víctima y su posterior liberación.
En el marco de la investigación, en febrero de 2020, se allanó un domicilio de la calle Ramón Falcón al 6000, en el que residía Pérez Urquizo. En el procedimiento también se secuestraron siete envoltorios de nylon transparentes fraccionados, que contenían marihuana por un peso total aproximado de 159,97 gramos, y tenían como finalidad su comercialización.
La palabra del fiscal
“Está acreditado con el grado de certeza que exige esta instancia, la participación de estos seis imputados en los diferentes momentos y etapas del secuestro de la víctima que duró más de 40 horas”, aseguró el titular de la Fiscalía General 2, Abel Córdoba, quien luego añadió que “el modo y la duración del hecho refleja la preparación, estructura, organización, los recursos y la capacidad lesiva de estos acusados que cometieron el hecho en conjunto”.
En cuanto al material probatorio, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó, durante los alegatos realizados en septiembre, la relevancia del análisis de las comunicaciones; la declaración testimonial de la víctima y los registros audiovisuales del hecho, entre otros elementos.
