El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y directivos de la droguería Suizo Argentina tienen prohibida la salida del país por orden del juez federal Sebastián Casanello. La medida se tomó esta tarde en el marco de una investigación por presunta corrupción, a raíz de la difusión de audios que involucran a funcionarios en un esquema de “retornos”.
La orden del magistrado alcanzó a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, responsables del laboratorio. La decisión se produjo luego de una serie de allanamientos en los que se incautaron órdenes de pago millonarias a la droguería, teléfonos de los involucrados y una importante suma de dinero en efectivo.
Avances de la investigación
Durante la jornada se realizaron un total de 15 allanamientos. Uno de los operativos tuvo lugar en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, donde hallaron una foja de pagos por más de 10.000 millones de pesos a la empresa Suizo Argentina. Los procedimientos, a cargo de la Policía de la Ciudad, fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi, quien lleva adelante la causa. “Fuimos por la prueba, para resguardarla”, informaron fuentes judiciales.
El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue localizado en su domicilio en un country de Pilar. En el lugar, la Justicia secuestró dos teléfonos celulares, una máquina de contar billetes y documentación de interés para la causa.
Incautación de dinero
En el marco de un allanamiento en Nordelta, uno de los directivos del laboratorio, Emmanuel Kovalivker, fue interceptado por la policía cuando intentaba abandonar su domicilio en un automóvil. Dentro del vehículo se incautaron 266.000 dólares, siete millones de pesos en efectivo, además de anotaciones y el pasaporte del imputado.
Entre tanto, crece en el Gobierno la preocupación ante la posibilidad de que la Justicia logre hallar contenido comprometedor en los dispositivos secuestrados a Spagnuolo o que, como sugieren algunas versiones, pida incoporarse al régimen de Testigo Colaborador, lo que implicaría que aportaría pruebas voluntariamente sobre presuntos delitos a cambio de una reducción de la eventual pena que pudiera corresponder.
