La Oficina Especializada en Violencia de Género de la Unión Cívica Radical (UCR) lanzó un contundente llamado a la acción frente a los intentos legislativos de penalizar las denominadas “falsas denuncias”. A través de un documento enviado a los legisladores de la Nación, el espacio lidera una campaña de recolección de firmas para frenar una reforma que consideran un retroceso democrático y un peligro directo para la integridad de mujeres y niños.
Bajo la consigna “No a la criminalización, sí a la protección”, la oficina radical rechaza la creación de un agravante en el Código Penal que estipula penas de 3 a 6 años de prisión. Según el organismo, esta propuesta carece de sustento jurídico y estadístico, y su único efecto real será el de “silenciar a las víctimas” en un contexto donde los femicidios y el maltrato infantil no dan tregua.
Un reclamo basado en la evidencia
Desde la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR señalaron que el discurso de las “denuncias falsas” masivas no coincide con la realidad de los tribunales. Citando datos del Consejo de la Magistratura, explican que la mayoría de las causas infundadas se dan en delitos económicos, mientras que en casos de violencia interpersonal las víctimas suelen enfrentar barreras casi insalvables para acceder a la justicia.
“Penalizar a quienes se animan a hablar es enviar un mensaje disciplinador y revictimizante”, advierte el documento, resaltando que en lo que va de 2025 ya se registran cifras alarmantes de violencia física y abuso sexual contra menores.
Alerta por el deber de denunciar
Uno de los puntos que más preocupa a la oficina de la UCR es el impacto sobre los profesionales. La ley actual obliga a docentes y personal de salud a denunciar de oficio ante sospechas de maltrato infantil; de aprobarse esta reforma, estos trabajadores quedarían expuestos a posibles penas de prisión efectiva por cumplir con su deber de protección.
Cómo participar
Para dar fuerza al reclamo ante el Congreso, la campaña incluye una convocatoria abierta a la sociedad civil para lo que se dispuso un formulario en línea donde ciudadanos, profesionales e instituciones pueden registrar su firma para manifestar su rechazo formal a la iniciativa.
“El Estado debe garantizar condiciones seguras para denunciar, no más castigos”, concluye el documento, que busca poner un freno definitivo a la criminalización de quienes rompen el silencio frente a la violencia.
