El presidente Mauricio Macri finalmente formalizó hoy la convocatoria al diálogo político con las fuerzas políticas opositoras mediante el envío de una escueta carta en la que admite que la preocupación central del Gobierno no es construir acuerdos para definir un rumbo sostenible de desarrollo económico sino, más modestamente, llevar tranquilidad “a los argentinos y al mundo” respecto del proceso electoral que se iniciará en pocas semanas. Para ello transcribe, al final del texto, los diez puntos, cuya capacidad por despejar las dudas electorales puede ser puesta en duda como comsecuencia de la peligrosa la ambigüedad de los postulados.
En la misiva que enviará a los principales líderes opositores, a gobernadores y representantes de la Iglesia, Macri asegura que “cada vez que se acerca un proceso electoral, existen muchas dudas sobre nuestro futuro”, y eso es lo que pretende despejar con esta estrategia.
“Los argentinos y el mundo quieren tener más claridad y certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que ya no se discuten más en la mayor parte de los países”, opina el mandatario en la nota, para luego pedir a cada destinatario ” que pueda expresarse sobre estos diez puntos que consideramos imprescindibles para despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país”.
En otro pasaje, Macri parece apelar al amor propio de los dirigentes opositores al reclamarles “madurez democrática” para adherir a sus propuestas, a partir de las cuales, dice, será posible “dar una muestra de acuerdo” que le dará “mayor tranquilidad a los argentinos”.
La ambigüedad de la propuesta
La particularidad de esta iniciativa -más allá de que fue convocada cerca del final de un gobierno y no en el inicio, como parece razonable para los acuerdos de gobernabilidad y el establecimiento de políticas de Estado- es que está compuesta de diez títulos que, sin más explicación, podrían dar lugar a políticas contrapuestas, con resultados bien diferentes.
Por ejemplo, el primer punto del escrito: “Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como en las provincias” puede ser usado para casi cualquier fin.
No precisar el modo y el plazo en que se pretende alcanzar y mantener el equilibrio fiscal podría dar lugar a políticas de achicamiento brutal del gasto público, desfinanciando áreas clave de la administración pública y desentendiendo al Estado de funciones clave. O podría procurarse paulatinamente, en un contexto de expansión económica, sin afectar el rol central del Estado nacional y los provinciales.
Otro caso de ambigüedad llamativa es el del punto cinco, que propone “Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna, que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”.
De ahí se puede interpretar que existe un aval político de todas las fuerzas firmantes a una legislación de flexibilización laboral. La idea de “adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo” podría implicar aceptar condiciones de precarización laboral como las que proponen las nuevas plataformas de servicios como Uber, Glovo y Rappi, entre otras, o simplemente quitar conquistas laborales. Aunque la aclaración de que esto se hará “sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores” contradice lo anterior o se niega a sí misma.
Algo similar ocurre con el punto siete, que plantea la “consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que dé seguridad a los jubilados actuales y futuros”. ¿Se trata de consolidar el actual sistema previsional? ¿O el término consolidar es un eufemismo y lo que se propone es transformar el sistema previsional para aumentar la edad jubilatoria y cambiar los índices de actualización, por ejemplo?
Un poco antes, en el punto tres, el gobierno propone “promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones”. Así, sin más, cómo debe interpretarse esta consigna. Por integración al mundo suele entenderse el establecimiento de políticas de libre comercio, que impliquen una creciente apertura a las importaciones. La salvedad podría ser el término “inteligente”, en cuyo caso la integración ya no sería una apertura comercial sino algún tipo de restricción selectiva, que por lo tanto implica menos “integración” al mundo.
Más allá de la oportunidad política elegida por el Gobierno, la firma de acuerdos sobre políticas públicas entre oficialismo y fuerzas opositoras para fijar el rumbo general del país en los próximos lustros no debería surgir de un apuro ni establecerse, en busca de consensos básicos, sobre conceptos tan amplios y generales que podrían determinar cualquier tipo de política económica y social.
Es decir, si lo que se busca es dar certidumbre, probablemente se requiera de tiempo más que para redactar, para construir los acuerdos de coincidencias básicas con la suficiente claridad como para que no se conviertan en carta libre para que el gobierno de turno pueda tomar cualquier rumbo.
Los puntos de la propuesta
1. Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como en las provincias.
2. Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos.
3. Promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.
4. Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.
5. Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna, que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
6. Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos.
7. Consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que dé seguridad a los jubilados actuales y futuros.
8. Consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del Gobierno Nacional de turno.
9. Asegurar un sistema de estadísticas profesional, confiable e independiente.
10. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.
