ATE teme una ola de despidos

El 26 de mayo próximo vence la Emergencia Administrativa y Tecnológica, que habilitó la contratación de 4000 empleados, y “quedan sin resguardo”.

La Emergencia Administrativa y Tecnológica vence el 26 de mayo. Al solicitar la prórroga, en 2018, la gobernadora María Eugenia Vidal había señalado que “las causales fueran originadas como consecuencia de los años de desinversión, que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz”. Hoy, unos 4000 trabajadores temen por su continuidad laboral.

La Emergencia ampara y justifica la modalidad de contratos autónomos, pero desde ATE ven con preocupación la continuidad laboral de más de 4000 contratados que realizan tareas en todos los organismos de la administración pública provincial y exigen el pase a planta permanente de todos ellos.

Con una carta enviada a la gobernadora donde se denuncia que “la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica ha sido una herramienta para profundizar el ajuste en la provincia, posibilitando negocios con el sector privado sin mayores controles en detrimento de las áreas sociales; se ha transformado en el marco que permitió precarizar aún más las condiciones laborales de los estatales bonarenses”.

Al vencerse la Ley, unos 4.000 trabajadores y trabajadoras quedan sin resguardo y caerán en la incertidumbre de si siguen o no trabajando, ya que sus tareas estaban enmarcadas en la Emergencia. Debemos estar en estado de alerta y movilización, ya que este gobierno ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de los despidos y muy probablemente deje sin trabajo a los contratados”, señaló Oscar De Isasi, referente de ATE y la CTA bonaerense.

Reclaman que una vez vencida la vigencia de la Ley no se vuelva a aplicar una “herramienta de desguace del Estado” y que “se inicie el pase a planta permanente de todos los contratados”.

Detallan que entre los organismos con mayor cantidad de contratos autónomos se encuentran la Dirección General de Cultura y Educación con aproximadamente unos 800 trabajadores, el ministerio de infraestructura con 520 trabajadores, la Jefatura de Gabinete con 470 trabajadores y el IOMA con 360 trabajadores.

“Amparados en esta nefasta Ley han contratado trabajadores sin derechos que pueden ser despedidos luego del 26 de mayo. Bajo esta modalidad están contratados los trabajadores de la ex UEP, tan desatendidos por la gobernadora”, cuestiona ATE. Vale remarcar que también en abril del año pasado se promulgó la Emergencia en materia de Infraestructura. Ambas extendían las emergencias aprobadas en 2016, que fueron prorrogadas en 2017 por decreto.

Poco antes de que esto sucediera, en febrero, el gobierno bonaerense oficializó la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el organismo dependiente del Ministerio de Educación que se encargaba de la puesta en marcha de obras en las escuelas y jardines del distrito. En ese momento, desde Suteba denunciaron que la ejecución de acciones ligadas a infraestructura “quedan sin garantías concretas” pero la Dirección General de Cultura y Educación justificaron la disolución porque se detectó una superposición de tareas y funciones en distintas áreas entre la UEP y el Ministerio de Educación bonaerense.

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