Tras la presentación de un amparo judicial para frenar los tarifazos en la provincia de Buenos Aires, el presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Mariano Lovelli, destacó que afrontar el pago de los servicios se convirtió en una carga “muy difícil” para todos los ciudadanos.
“Una parte importante de los ingresos se destina a pagar las tarifas de luz, gas y agua. Es por eso que nosotros decimos que son irracionales con relación al nivel de ingreso de los ciudadanos”, destacó en diálogo con Info Región.
Buscarán que se anulen las resoluciones 1/2019 y 39/2019 del OCEBA y 186/19 del Ministerio de Infraestructura que autorizaron nuevos incrementos en las boletas en virtud de la inflación y la devaluación.
El juez federal Alberto Recondo, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, será quien deba dirimir la cuestión en primera instancia. Se trata del mismo magistrado que tuvo la primera causa del CEPIS en 2016 y que terminó siendo resuelta por la Corte Suprema, que anuló la suba del gas por incumplir con la audiencia pública previa.
Lovelli justificó la acción judicial al asegurar que las tarifas “no cumplen con el fallo Cepis”, que establece que “tienen que ser justas, razonables y atender a la capacidad de pago de los usuarios”. De acuerdo a los datos en los que trabajan en el centro de estudios, mientras el ingreso ciudadano promedio en esos tres años se ubicó en torno al 113%, el aumento promedio de las tarifas alcanzó el 2600%.
“A partir del trabajo en conjunto con intendentes del interior de la provincia, el presidente del PJ bonaerense (Fernando Gray) y otras asociaciones amigas, hemos anunciado la presentación del tarifazo ordenado por la gobernadora María Eugenia Vidal porque entendemos que no es para nada razonable”, afirmó.
