Presentan un nuevo amparo para frenar tarifazos en Provincia

La medida busca que la Justicia declare nulas las resoluciones mediante las que el Estado provincial dispuso incrementos de “hasta el 5700% en los cuadros tarifarios”.

El presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Fernando Gray, firmó este viernes un amparo, junto a intendentes y representantes de ADDUC y el CEPIS, para frenar tarifazos en territorio bonaerense.

El anuncio tuvo lugar este mediodía en la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y participaron, además del intendente de Esteban Echeverría, Mariano Lovelli, del Centro de Estudios para la promoción, educación, defensa y difusión de los Derechos Humanos; Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores; el intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, y el senador provincial Darío Díaz Pérez, entre otros.

“Firmamos una acción judicial contra el tarifazo eléctrico bonaerense para pedirle a la justicia tarifas justas para más de 2 millones de familias de la provincia de Buenos Aires”, anunció el CEPIS. Es puntualmente contra el aumento de tarifas eléctricas dispuesto por el Poder Ejecutivo bonaerense. Piden que la Justicia otorgue una medida cautelar para suspender su aplicación a los 2 millones de usuarios bonaerenses del servicio eléctrico.

“Se solicita como medida cautelar que se disponga la suspensión de las Resoluciones 1/2019 y 39/2019 del OCEBA y 186/19 del Ministerio de Infraestructura”, requiere la demanda, y pide que el Gobierno provincial “se abstenga de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad de la provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario aprobado”.

Al mismo tiempo, reclama la nulidad de las resoluciones 1/2019 y 39/2019 del OCEBA; y 186/19 del Ministerio de Infraestructura. CEPIS considera que esas normas carecen de “motivación suficiente”, incurren en “falta de razonabilidad” y además, incumplen el procedimiento constitucional de oír a la ciudadanía a una audiencia pública, lo que deriva en “falta de información pública y participación ciudadana”.

La medida argumenta que “carece de razonabilidad trasladar a los usuarios el nuevo ítem tarifario denominado ICT (Incremento de Costos Tarifarios) el incremento de los costos mayoristas, de distribución de energía y los costos propios de las distribuidoras”. El nuevo ítem denominado “ICT” es un cargo que creó la gobernadora María Eugenia Vidal para asegurar la rentabilidad previa a la devaluación de las eléctricas. “El ICT es un beneficio que el gobierno bonaerense otorga a las eléctricas y que está pagando cada familia con el sudor de su frente”, cuestionan.

Advierten: “Que el ICT vaya a ser cobrado hasta que las empresas eléctricas consideren que los usuarios las hayan compensado en su rentabilidad debido a la devaluación y el proceso inflacionario, según lo establecen las normas impugnadas por la demanda es completamente irracional”. “Se decidió trasladar a los usuarios los incrementos derivados de la devaluación de la moneda y del proceso inflacionario que el propio Estado generó, toleró o no pudo evitar. Y lo hace respecto de consumos ya facturados, emitidos, vencidos y cancelados por la población”.

Rechazan que la gobernadora María Eugenia Vidal autorizó subas de hasta el 5700 por ciento en el caso de la distribuidora EDELAP y de un 2600 por ciento en promedio para el conjunto de las empresas distribuidoras de energía. “Esto implica que una familia tipo que consume hasta 300 KWh en la ciudad de La Plata haya pasado de una factura de $ 46 en diciembre de 2015 a una de $ 2696 en febrero de 2019”, graficaron desde el CEPIS, contraponiendo esta suba con los ingresos familiares: “De 2015 a febrero de 2019 el ingreso promedio ciudadano de la provincia sólo tuvo como incremento un 112%: RIPTE (118%), el Haber Jubilatorio (116%), el Salario Mínimo Vital y Móvil (102%), AUH (117%)y el Salario Docente (110%)”, detallan.

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