La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) respondió al llamado del Gobierno, en torno a la búsqueda de consenso y supeditó el diálogo a que sea a “agenda abierta” y contemple “solidaridad” e “intervención del Estado en relación a la dignidad de todos los argentinos”.
“La Iglesia ha participado históricamente de diversos encuentros que buscaron salidas fecundas para el país. La experiencia de la Mesa de Diálogo Argentino, en un pasado reciente, confirma esta contribución desde nuestro lugar de pastores a la vida nacional”, señala el texto difundido hoy.
La CEA señala: “Respondiendo a esta convocatoria de su gobierno pensamos que para que sea fructífera debe haber ante todo un encuentro de todos los actores políticos y sociales, para escuchar detenidamente las prioridades de cada uno y, luego de una escucha atenta, buscar elaborar una agenda consensuada que exprese con la mayor fidelidad los aportes positivos de los convocados y que debe ser el resultado de un encuentro y no anterior a él”. “Por todo esto consideramos muy importante favorecer un ámbito de diálogo para la búsqueda de consensos en torno a una agenda abierta y sensible a la realidad nacional, a la vida de los más pobres y el proyecto país que soñamos y queremos”, apunta el texto.
“La solidaridad y la importante intervención del Estado en relación con la dignidad de todos los argentinos no debieran estar ausentes, porque constituyen el marco humano e institucional que aseguran un acuerdo duradero”, advierte la Iglesia.
Y aclara: “Esta convocatoria nos encuentra en Roma informando al Santo Padre y sus colaboradores acerca de nuestra tarea pastoral en nuestras diócesis. Por unos días estaremos todavía abocados a este trabajo”. “No obstante, el bien de la Nación y en especial pensando en los que más sufren en esta hora, nos compromete a la oración y al servicio que fortalezca la unidad de los argentinos”, concluye la misiva que lleva las firmas del Obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea; cardenal Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires; monseñor Marcelo colombo, Arzobispo de Mendoza; Carlos Malfa, obispo de Chascomús.
El pasado 6 de mayo, el presidente Mauricio Macri convocó formalmente a través de una carta a “gobernadores, dirigentes políticos y a representantes del empresariado, las organizaciones sindicales, la Iglesia y otros cultos” a consensuar sobre “10 puntos que el Gobierno” considera “imprescindibles para despejar” inquietudes sobre la crisis que atraviesa el país en vísperas de la campaña electoral, y se mostró “abierto a escuchar agregados o aportes que refuercen el mensaje de previsibilidad”.
Los puntos del acuerdo
Lograr y mantener el equilibrio fiscal; sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos; mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones; respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión y la creación de empleo a través de una legislación laboral moderna.
También plantea la reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos; la consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo; la consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político; asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente y el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.
