“No voy a soportar en silencio la difamación”, asegura Alberto Fernández

El presidente electo le respondió a Hugo Alconada Mon, quien lo acusó de “tráfico de influencias” en una investigación a Lázaro Baez en Bahía Blanca.

Alberto Fernández

El presidente electo, Alberto Fernández, advirtió que “se van a terminar los operadores judiciales y mediáticos” y le respondió a Hugo Alconada Mon, quien lo acusó de tráfico de influencias en una nota publicada por el matutino porteño La Nación. “No vos a soportar en silencio la difamación”, sentenció.

“En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Hugo Alconada Mon sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme mover influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo”, advirtió el presidente electo a través de Twitter.

Y apunta: “En la Argentina qué vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los ´operadores judiciales´, los ´operadores mediáticos´ y los jueces y fiscales que ´operan´ para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sábelo Alconada Mon”.

Alconada Mon advirtió, también en Twitter, que “en Bahía Blanca se dirime una de las investigaciones penales más sensibles para Lázaro Báez. Todo se encaminaba hacia los procesamientos… Hasta que después de las PASO, apareció un colaborador del Presidente electo, Alberto Fernández”, y se pregunta si hay “tráfico de influencias”.

En el artículo publicado en el matutino porteño La Nación, que lleva su firma, asegura que a fines de agosto apareció “el ayudante de cátedra del presidente electo, Alberto Fernández” cuando “todo parecía encaminarse hacia los procesamientos de los involucrados en el entramado de facturas truchas y presunto lavado de activos que desde Bahía Blanca benefició a Lázaro Báez”.

Plantea a partir de la intervención de Adrián Rois, aboado defensor de Crediba, “el fiscal federal Antonio Castaño pidió una nueva batería de medidas de pruebas, entre ellas, un peritaje contable que deberán desarrollar profesionales de la Corte Suprema, además de más oficios a los registros de la propiedad y consultas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que llevará las definiciones procesales de los acusados hasta bien entrado 2020”.

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