Expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley oficial que prevé la interrupción voluntaria del embarazo y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción, durante la segunda audiencia de debate en el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales del Senado.
La objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la mortalidad de mujeres por el ejercicio clandestino de la interrupción del embarazo fueron también eje del plenario en el que los senadores buscaron despejar dudas sobre la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, con media sanción de la Cámara de Diputados.
El primero de los expositores, el profesor de derecho constitucional Pablo Garat, consideró que esta iniciativa “tiene que pasar el test de constitucionalidad”. “Todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates”, advirtió.
El ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que “no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto”, sostuvo que quienes se oponen a la práctica “personifican u humanizan al proyecto de vida” y remarcó que “el embrión no es una persona ya nacida” y “el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer” ya que “la vida necesita un desarrollo para nacer”.
En tanto, Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que “nuestra Constitución protege la vida desde la concepción”, señaló que el Estado “debe ofrecer opciones” a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto “da derecho a abortar pero no a decidir”.
Asimismo, Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que “no hay ningún tipo de incompatibilidad” entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño” sino que “por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes”.
Por su parte, María Elena Critto, socióloga, señaló que “hay muchos mitos respecto al aborto” como el hecho de que “la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna” en el país o la idea de que “la legalización del aborto reduce la mortalidad”.
Mientras que Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva “maltratos y discriminación”; y Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.
