20 de septiembre de 1984
El presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) se encuentra con el presidente de la República en el salón Blanco de la casa de Gobierno para entregar trabajo que documenta el fruto de nueve meses de investigación.
Custodiados por decenas de miles de personas que colmaron la Plaza de Mayo, en los papeles que el escritor Ernesto Sábato dejará al presidente Raúl Alfonsín estará el testimonio del descenso al infierno que significó para los integrantes de la comisión la misión de documentar el terrorismo de Estado. El informe será conocido con dos palabras que dejarán huella: Nunca Más.
Tras siete años de dictadura en los que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional aplicó el terrorismo de Estado como práctica sistemática para eliminar cualqueir tipo de oposición, el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República.
El nuevo gobierno había asumido con dos promesas: derogar la ley de autoamnistía y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. La autoamnistía estaba en la letra de la llamada Ley de Pacificación Nacional por la cual los jerarcas del Proceso, ante la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno democrático, sancionaron esta norma que establecía “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”, al tiempo que precisaba que “nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna” por eventos de esta índole, y disponía que los jueces ante los que se promuevan estas denuncias las “las rechazarán sin sustanciación alguna”.
El proyecto para derogar esta ley fue el primero que envió la administración Alfonsín al Congreso y la primera iniciativa aprobada por el nuevo parlamento argentino.
Alfonsín sostenía que “es imprescindible para la materialización del estado de derecho que se juzgue a quienes en nuestro pasado reciente han sembrado terror, dolor y muerte a lo ancho de la sociedad argentina”.
El origen
El tema del juzgamiento tuvo como trasfondo una serie de debates al interior de la gobernante Unión Cívica Radical (UCR) y de los organismos de derechos humanos. Mientras algunos dirigentes radicales consideraban que el Ejecutivo debía limitarse a enviar las causas a la justicia; los sectores más progresistas del partido de gobierno coincidían con los organismos de derechos humanos en la necesidad de crear una comisión bicameral para que recopilara y sistematizara testimonios y materiales que corrían el riesgo de ser ocultados, destruidos o perderse.
El debate se saldó con la creación, el 15 de diciembre de 1983, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya estructura fue obra del jurista y filósofo Carlos Nino, que debía investigar y organizar las pruebas que presentaría el Estado en el juicio a las juntas militares.
“No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante”, puso de relieve Alfonsín al momento de su creación,
El decreto 187/83 estableció como funciones “específicas y taxativas de la Comisión” las siguientes:
“a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos.
b) Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización.
c) Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores.
d) Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer.
e) Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.”
Además, el decreto estableció que la sede de la CONADEP se instale en el porteño teatro Municipal General San Martín y que sea integrada por 16 miembros, diez designados por el Ejecutivo y otros seis nombrados por el Legislativo.
Los integrantes designados por la presidencia fueron:
Ernesto Sabato (1911-2011), escritor y físico. Fue elegido presidente por sus pares.
Ricardo Colombres (1921-1998), abogado y ex rector de la Universidad de Buenos Aires.
René Favaloro (1923-2000), médico. Renunció en protesta por no poder investigar los crímenes de la organización paramilitar peronista Triple A.
Hilario Fernández Long (1918-2002), ingeniero. Ex rector de la UBA.
Carlos T. Gattinoni (1907-1989), pastor de la Iglesia Metodista Argentina.
Gregorio Klimovsky (1922-2009), matemático, filósofo y epistemólogo.
Marshall T. Meyer (1930-1993), rabino. fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos.
Jaime de Nevares (1915-1995), obispo de Neuquén.
Eduardo Rabossi (1930-2005), filósofo.
Magdalena Ruiz Guiñazú (1935-), periodista.
El rechazo por parte del premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel a integrar la comisión motivó que el diputado democristiano Augusto Conte Mc Donald, revisara su postura favorable a integrarla, lo mismo hizo el Partido Intransigente por lo cual la representación de la cámara baja estuvo compuesta por tres diputados de la UCR:
Santiago ‘Chiche’ López (1939-2015), diputado por Chubut.
Hugo Piucill (2003), diputado por Río Negro.
Horacio Huarte (2019), diputado por Buenos Aires.
El Senado hegemonizado por el Partido Justicialista que durante la campaña electoral había anunciado la imposibilidad de subir al banquillo a los integrantes de las juntas militares en virtud del principio de la cosa juzgada emanado de la ley de autoamnistía no envió representantes.
“En la comisión investigadora quiero que estén desde Monseñor Jaime De Nevares hasta Pérez Esquivel, pasando por dirigentes de todos los partidos políticos. Queremos que se sepa la verdad de lo ocurrido. Que aparezcan con vida habrá muy pocos. Sé lo que voy a hacer. Sé que no voy a quedar bien con nadie, aunque estoy seguro que a la mayoría silenciosa estará de acuerdo conmigo. Los que tienen capacidad de movilización por un lado o por otro, se pondrán furiosos”, explicaba Alfonsín.
Además, la CONADEP contó con un secretariado encargado de garantizar su funcionamiento y sistematizar la información. De se modo, la referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Graciela Fernández Meijide, tuvo a su cargo la Secretaría de Denuncias; la de Procesamiento de Datos fue confiada al dirigente radical Daniel Salvador; la de Procedimientos a Raúl Peneón; la de Asuntos Legales estuvo a cargo de Alberto Mansur; y la administración fue confiada a Leopoldo Silgueira y Agustín Altamiranda.
La misión
Una vez constituida y durante 280 días, la comisión se dedicó a buscar testimonios de sobrevivientes, de familiares de víctimas, información sobre los represores , a descubrir los escenarios del infierno. Dónde, cuándo, cómo, quiénes…
Graciela Fernández Meijide contó cómo debieron entrenar, contener o, incluso, reemplazar a quienes recibían las denuncias porque no lograban soportar la interpelación de esas historias.
Para lograr las respuestas recorrieron toda la geografía de la patria y crearon delegaciones donde con paciencia benedictina inventariaron desapariciones, denuncias, centros clandestinos: confeccionaron mapas, croquis, líneas de tiempo. Aprendieron a clasificar lo inclasificable: torturas, robos, delaciones, sicarios, fosas comunes…
Se establecieron cuatro zonas de trabajo: Litoral, Centro, Norte y Sur y se crearon filiales en Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Resistencia, Rosario y Santa Fe. Se viajó a las 15 provincias sin representación de donde se trajeron más de 1.400 denuncias.
También hubo que viajar al exterior y poner a disposición de la CONADEP la red del servicio exterior para recolectar los testimonios del exilio.
Entre las actividades habituales de la comisión figuraban el reconocimiento in situ de centros clandestinos de detención; visitas a las morgues, cárceles y hospitales para detectar inconsistencias en sus registros; consultas en barrios para conocer dónde, cuándo y cómo operaban los escuadrones de la muerte; y escuchar una y otra vez los relatos donde el lugar común era el desprecio por la vida.
La CONADEP primera comisión de la verdad que funcionó en el mundo y pudo contar con la experiencia de algunos organismos como la APDH, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, pero cuyo mayor insumo fueron los testimonios de las víctimas o sus deudos, muchas de ellas gentes sencillas, sin formación política pero cuyo sentido de la dignidad y la justicia los hizo vencer los miedos y poner el cuerpo para acusar a quienes hasta hace unos días eran los señores de la vida y la muerte.
Por el contrario, muchos de los requerimientos de la comisión eran eludidos e ignorados por muchos organismos dependientes de las fuerzas armadas, o instancias del poder Judicial colonizado por cagatintas del poder militar quienes devolvían las notas cursadas por la CONADEP a la que le negaban entidad jurídica. Asimismo, hubo dependencias que retacearon información amparados en el decreto que regulaba el secreto militar.
Tras 280 días en los siete círculos dantescos, pudieron entregar el resultado: determinaron la existencia del carácter sistemático y masivo de la represión; verificaron la existencia de 380 centros clandestinos de detención y un primer registro de 8961 personas desaparecidas cuyos datos identitarios básicos figuran en los tres anexos del informe en el que, además, constan los de quienes fueron vistos por los sobrevivientes durante su cautiverio.
La CONADEP advierte, también, sobre el carácter provisorio de sus registros: “Muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer las víctimas de familiares, por preferir estos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos”, precisa.
Tampoco se incluyó a las personas cuyos cadáveres fueron hallados e identificados, ni a quienes sobrevivieron al cautiverio clandestino.
El resultado
La CONADEP también determinó que entre 1976 y 1983, el gobierno militar, ejerció las facultades concedidas por el estado de sitio para detener a 4.029 personas por menos de un año; a 2.296 entre uno y tres años; a 1.172 entre tres y cinco años; a 668 entre cinco y siete años; y a 431 entre siete y nueve años. Además que al menos 157 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional pasaron a engrosar las listas de desaparecidos tras haberse dispuesto su libertad.
Además, consignó que 359 personas habían sido desaparecidas por la Triple A y otros grupos parapoliciales.
El trabajo fue monumental y permitió formular denuncias ante la justicia, comprensivas de 1.086 legajos que daban por acreditados la existencia y funcionamiento de centros clandestinos de detención; una nómina parcial de desaparecidos que allí fueron vistos con vida, y de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad mencionados por las víctimas como responsables de los graves hechos denunciados. Todo eso en más de 7000 archivos acumulados en 50 mil páginas que fueron la base del Juicio a las Juntas de 1985.
“Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces institucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo, para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.(…)
Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado la enseñanza de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”, precisó Ernesto Sabato en el acto de entrega.
No sólo fueron testigos del momento las 70.000 personas que inundaron la Plaza de Mayo, el acto de entrega fue transmitido por la cadena nacional de radio y televisión desde donde millones de argentinos escucharon las cadenciosas palabras de Sábato: “Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República, esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se habían demolido edificios. Hemos tenido que basarnos en las denuncias de familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían”.
Por su parte, el presidente Raúl Alfonsín indicaba que tenía “la más absoluta convicción” que las futuras generaciones “recordarán el nombre de ustedes”.
“Ustedes han transitado estos meses duros y difíciles cumpliendo una obligación de ciudadanos que está más próxima al heroismo que del esfuerzo”, agradeció Alfonsín.
El legado
Sabato encargó la elaboración final del informe al jurista y dramaturgo Gerardo Taratuto quien recuerda las directrices del escritor: “Quería un informe que ofreciera una visión nacional, diera cuenta de la violación de derechos y principios fundamentales del orden político, moral y religioso —el derecho a la vida, a la defensa y a la información—, que la gente lo pudiese leer, lo entendiera hasta un ama de casa y que, si lo leía un militar, se avergonzara y no pudiera aducir que eran patrañas.”
Pese a que no está firmado, el prólogo del Nunca Más también fue adjudicado a Taratuto quien desmintió ese rumor y precisó que era “todo de Sabato”.
Por disposición de Alfonsín, el informe fue publicado en forma de libro bajo el nombre de Nunca más un título propuesto por Marshall Meyer en alusión al lema de los sobrevivientes del Gueto de Varsovia víctimas de las atrocidades nazis. La Editorial Universidad de Buenos Aires(EUDEBA) fue la responsable de publicar el trabajo que vendió más de 600 mil ejemplares.
El 20 de septiembre de 1984, también, vio la luz el decreto 3090/1984, por el cual se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales en el Ministerio del Interior bajo la consideración de que era “necesaria la creación de un organismo que efectúe la sistematización de los datos reunidos por la CONADEP y traslade a la justicia, tanto las conclusiones relevantes que surjan de esa sistematización como las posibles nuevas denuncias que se reciban sobre la desaparición de personas (…) que, asimismo, es menester continuar con la identificación de cadáveres NN y la búsqueda de niños desaparecidos”
En 2007, el Fondo Documental CONADEP fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO junto a otros 18 archivos del patrimonio documental sobre esta materia en la Argentina del período 1976-1983.
“La investigación de la CONADEP produjo efectos políticos y jurídicos de primer orden: elaboró un conocimiento novedoso sobre la dimensión que alcanzaron las desapariciones en la Argentina, conformó un corpus probatorio inédito para juzgar a sus responsables y desencadenó la clausura de la estrategia oficial de juzgamiento a las Juntas Militares por sus pares. Su informe, Nunca Más, expondría una nueva verdad pública sobre las desapariciones, y se conformaría en la nueva clave interpretativa y narrativa para juzgar, pensar y evocar este pasado entonces inmediato”, explica Emilio Crenzel en La historia política del Nunca Más.
“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.
Señores jueces: ‘Nunca más’”, así cerró el fiscal Julio César Starssera su alegato en el juicio a las juntas militares.
Sin la CONADEP, la historia, seguramente, habría sido otra.
Juicio a las Juntas – Alegato del Fiscal Julio César Strassera
https://www.youtube.com/watch?v=yxXmzMd6jHo
La CONADEP entrega su informe al presidente Raúl Alfonsín
