Pese a que había sido anunciado de manera informal, el Gobierno, finalmente, no convocó al Congreso a sesiones extraordinarias durante enero pese a que se esperaba una inminente convocatoria por parte del Ejecutivo a partir del lunes 24 de enero.
Sin decreto en el Boletín Oficial, ahora hablan de postergar esa citación al menos hasta el 1 de febrero y sin tener certezas de los temas incluidos en convocatoria.
Tras los postergados inicios previstos primero para el 17 de enero y, luego, el 24, se analiza que tras la derrota en las legislativas y con números tan ajustados, el Ejecutivo debe ponderar ausencias, presencias y consensos, especialmente hacia su frente interno, para no tener ni sorpresas ni daños autoinflingidos.
Se espera que en las eventuales sesiones de febrero puedan tratarse temas como el Consenso Fiscal 2022, firmado por todos los gobernadores, a excepción del jefe de Gobierno porteño, a través del cual las provincias pueden modificar impuestos para readecuar la estructura recaudatoria.
Tamnbién debe figurar en el temario la reforma del Consejo de la Magistratura, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia que le puso plazo hasta el 15 de abril a que el Congreso elabore una nueva ley, luego de declarar inconstitucional la sancionada en 2006. O bien que recomponga directamente el Consejo, elevando su número a 20 miembros.
Otro proyecto que se sumaría es el de ley marco para la producción medicinal de cannabis y cáñamo industrial, como así también la ley de electromovilidad para el mercado de los autos eléctricos; la ley de agroindustria y el régimen de promoción industrial automotriz.
Y si se alcanza un acuerdo con el Fondo Monetario en el transcurso de febrero, debería enviarse al Congreso la carta de intención para su aprobación, y eventualmente el Plan Plurianual, que Alberto Fernández prometió presentar en la primera semana de diciembre, y que se perdión tras el fracaso del Presupuesto 2022.
