El diputado nacional y vicepresidente del bloque PRO de la cámara baja, el avellanedense Gerardo Milman, presentó un proyecto para expulsar de Argentina a los extranjeros que cometen delitos.
“No es la primera vez que actividades delictivas de todo tipo han sida cometidas por ciudadanos extranjeros que poseen diversos estatus migratorio en nuestro país, desde miembros de organizaciones del delito brasileras como el Primer Comando da Capital o Comando Vermelho en nuestra frontera norte”, indicó en un documento quien fuera número dos de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.
La propuesta llega tras que la semana pasada detuvieran a medio centenar de hinchas del Deportivo Cali de Colombia, en Puerto Madero, a quienes de les decomisaron armas blancas y estupefacientes. En ese contexto, 15 personas fueron deportadas, cinco de ellas que presentaban ingreso irregular al país y las otras diez con visado de turista.
Para Milman es “de vital importancia que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que fuera derogado por Decreto 138/2021 en los primeros días de marzo 2021, sea establecido como Ley, ya que el Estado Nacional debe velar por el orden internacional y la justicia y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta contra dicho objetivo”, continuó el diputado quien resaltó que “El Estado debe regular la política migratoria teniendo en especial consideración el bien común”, según indicó en su cuenta de Twitter.
El Decreto 70 fue firmado en enero de 2017 por el expresidente Mauricio Macri y su gabinete cuando modificaron la Ley de Migraciones y crearon un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad a causa de la “duración de los procesos administrativos y judiciales” y por el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que, en 2016, alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total.
En marzo de 2021, el presidente Alberto Fernández derogó el DNU con el argumento de que modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “irreconciliables” con la Constitución Nacional y “el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
