La defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido refutó hoy la acusación que le formularon los fiscales en la causa por la obra pública de Santa Cruz y advirtió que se construyó “un relato” que, no obstante, no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.
De Vido fue acusado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como “organizador” de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública a través de un mecanismo de corrupción que se montó en torno a la obra pública en Santa Cruz.
El defensor del exministro, Maximiliano Rusconi, explicó que el grupo de Lázaro Báez recibió el 0,3 por ciento del total de la obra pública en el gobierno 2003 – 2015 y que en la escala de empresas que obtuvieron contratos en ese período ocupó el número 36.
Además, cuestionó “el relato que pretendió instalar el Ministerio Público fiscal” y advirtió que el Poder Judicial “no puede evaluar las políticas públicas” por lo que justificó que el gobierno le hubiera asignado preferencia a la obra pública en Santa Cruz, contrariamente a lo que sostienen los fiscales sobre que fue “arbitrariamente beneficiada”.
“A contrario de lo que sostienen los desinformados fiscales, el problema es trágico en la zona sur. Santa Cruz posee el 26,27 por ciento del territorio y según a datos actualizados cuando ya había comenzado el juicio, tiene un cuatro por ciento de la red vial”, graficó.
Rusconi afirmó que “De Vido no fue administrador del patrimonio nacional. Pudo haber administrado otras cosas, pero no estamos discutiendo eso. Está claro quiénes fueron los administradores, pero a De Vido no se le puede imputar esta figura, de ningún modo”.
Así, aludió a que la administración del erario en cuanto a la obra pública era resorte de los jefes de Gabinete, quienes no están imputados en este juicio y los fiscales expresamente dejaron a salvo de cualquier imputación.
Para el abogado, la acusación contra De Vido fue “una construcción” de los fiscales y sostenida desde un sector de la prensa: “nada mejor para los medios que decir que un gobierno se organizó a espejo de una asociación ilícita”.
“No están claros los hechos, las normas son inaplicables, no está clara la prueba de cargo y no se ha valorado la prueba de descargo”, embistió Rusconi en la primera parte de su alegato que se prevé se extenderá durante dos jornadas.
