La Justicia confirmó el procesamiento de Luis Horacio Castillo por delitos de lesa humanidad. Sobrevivientes lo identificaron en El Infierno de Avellaneda, uno de los tres centros clandestinos de detención y exterminio que forman parte del Jucio Brigadas.
En marzo, el juez de Instrucción Federal Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Castillo y le dictó prisión preventiva, al hallarlo responsable de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños, por delitos cometidos en el pozo de Banfield y en la Brigada de Investigaciones de Lanús, que funcionó en el centro clandestino de detención “El Infierno”, de Avellaneda, durante la última dictadura cívico-militar.
El miércoles pasado la Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de Castillo dictaminado por Kreplak, que había sido apelado por su defensa.
Funcionarios de Avellaneda, demandados en agosto pasado por el represor Luis Horacio Castillo tras alertar a la comunidad del procesamiento del genocida por delitos de lesa humanidad, pedirán a la justicia la revocatoria de su prisión domiciliaria al considerar que con esa denuncia “intentó amedrentar a los testigos”.
Es que el 3 de junio pasado, la presidenta del Consejo Escolar de Avellaneda, Claudia Colaso, y el secretario municipal de Derechos Humanos, Claudio Yacoy, encabezaron una conferencia de prensa en el ahora Espacio para la Memoria “El Infierno”, donde alertaron a la comunidad sobre los delitos cometidos por Castillo, quien es dueño de un colegio privado en Wilde.
Luego de esa rueda de prensa, los funcionarios -junto al intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff-, fueron notificados el 28 de agosto último de una demanda por “daños y perjuicios” iniciada por Castillo en la ciudad de Buenos Aires, en la que solicitaba una compensación de 8 millones de pesos.
“¿Cuál es el efecto que tiene en los testigos que este represor acusado de delitos gravísimos realice una demanda contra el intendente de Avellaneda, la presidenta del Consejo Escolar y uno de sus funcionarios? Sin ninguna duda, generar temor en los testigos que tienen que volver a declarar en una causa”, advirtió Yacoy en declaraciones a Télam.
Además, plantearán también al juez Kreplak que el genocida incurrió en el delito de “estafa procesal”, debido a que al iniciar la demanda en CABA, notificó poseer su domicilio en Avenida Libertador de esa ciudad, cuando en realidad goza de prisión domiciliaria en su vivienda de Wilde.
Según dijo, los testimonios de Mercedes Alvariño Blanco y de Héctor Callejas constan en la causa 34.000.189 del año 2009, en la que se aduce que Castillo fue “reconocido por dos víctimas”, que lo ubican en la Brigada de Lanús.
Además, Yacoy afirmó que en el marco del juicio a las “Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús”, el 12 de septiembre pasado, el empresario Claudio Iaccarino declaró que “el jefe era Horacio Luis Castillo” donde ejercía el cargo de “Jefe de la División de Delitos Económicos”, explicó. Los empresarios y hermanos Iaccarino “estuvieron 2 años secuestrados y 9 meses los pasaron en ‘El Infierno’, y en ese contexto, “lo desapoderan de sus bienes” por un monto total de 10 millones de dólares.
“No es solamente un tema de tortura, que es un delito muy grave”, sostuvo, y recordó que fue en el año 1979, cuando Castillo fundó el colegio “San Diego” de Wilde. “Por lo menos es sospechoso… ¿Cómo hizo la escuela? Si era oficial principal en la policía”, cuestionó.
A inicios del mes de junio, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), le impidió a Castillo seguir vinculado a la administración del establecimiento privado.
