El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 11% promedio a instituciones educativas de gestión privada de todo el territorio bonaerense a partír de noviembre según informó una comunicación de la Dirección General de Escuelas de la Provincia y, desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA), y señalaron que fue luego de que ellos lo solicitaran.
Señalaron que el pedido se hizo “teniendo en cuenta que desde el año pasado se ha registrado un ‘desequilibrio’ entre el aumento de los salarios docentes y las tarifas de los colegios privados de un 66 por ciento de diferencia nominal”.
Según las estimaciones que hizo la entidad, que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, la inflación fue del 311 por ciento; los incrementos salariales que se dieron en paritarias acumuló 364 por ciento y los aranceles subieron 268 por ciento.
“El último incremento fue autorizado en septiembre y fue de un 5,4 por ciento sobre la cuota de agosto y a esto debió sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9% “, marcaron.
El secretario Ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, recalcó: “Otra vez esta autorización para una mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos de los servicios en general y los salariales en particular, que deben afrontar las escuelas”.
“Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos de las instituciones que presentan severas dificultades para funcionar”, aseveró Zurita.
Y agregó: “En menos de dos años, la capacidad operativa económica de los centros educativos de gestión privada perdieron 43% en relación con la inflación de ese período”.
La institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios privados, reclamó en una carta a la Dirección General de Escuelas que los topes arancelarios “se ajusten adecuadamente para garantizar el servicio educativo en los institutos”.
Además sostuvo en la misiva que dada la inflación y las variaciones económicas, consideran “crucial la implementación de una cláusula gatillo en los contratos de aranceles” para ajustarlos de forma automática, en respuesta a los incrementos de los salarios docentes.
