Mientras se desarrolla la sesión más larga de los últimos años, el Gobierno, los bloques de la oposición y los gobernadores negocian los artículos clave de la ley Bases en la que si bien hay temas prácticamente resueltos, como la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, otros se encuentran en un laberinto, como el capítulo de privatizaciones.
El retiro del paquete fiscal generó buenas sensaciones en algunos bloques de la oposición, especialmente porque dejaba atrás el aumento de retenciones a distintos sectores de la actividad económica y permitió generar las condiciones políticas para convocar a la sesión con un proyecto que se redujo de 664 a 224 artículos.
El PRO quedó apoyará en general y en particular, mientras que los demás bloques buscan seguir diseccionando el articulado en varias cuestiones.
La quita del capítulo fiscal dejó afuera temas en los que había acuerdo y que eran una fuente de ingresos tanto para Nación como para las provincias: la moratoria, el blanqueo de capitales y el anticipo de bienes personales.
Sin ese esquema fiscal, sumado a la marcha atrás de la reversión de Ganancias y el retaceo del Gobierno a renovar el impuesto PAIS como solicitaban los gobernadores, la ecuación fiscal para los provincias quedó muy comprometida.
En este marco, los gobernadores tienen menos incentivos para acompañar en particular los artículos que más interesan al Gobierno.
Hacemos Coalición Federal presiona para obtener un nuevo pacto fiscal antes de levantar la mano en la sesión. En cambio, la UCR no condiciona el apoyo a los compromisos fiscales con las provincias.
En cuanto a las facultades delegadas, de las 11 que habían sido fijadas en el primer proyecto, sobreviven apenas seis: económica, financiera, tarifaria, energética, fiscal y administrativa.
Está en duda la de seguridad, pero también algunos gobernadores patagónicos se mantienen en vilo por las emergencias tarifaria y energética, ya que con esas facultades el Gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de “zona fría” para usuarios de gas.
Los seis diputados de la Coalición Cívica y un grupo de seis o siete legisladores liderados por Facundo Manes se resisten a delegarle facultades legislativas a Javier Milei pese a que el Gobierno cedió al reducir de dos a un año de plazo.
El asunto más complejo de la ley Bases el el capítulo de privatizaciones. El proyecto declara sujetas a privatización total a 37 empresas, y se autoriza a otras tres a una privatización parcial, aunque conservando el control del Estado: Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica. Quedó afuera del listado YPF a pedido de la oposición.
Entre las empresas que podrían ser transferidas a manos privadas se encuentran el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Fabricaciones Militares, la Casa de la Moneda, AySa, Ferrocarilles Argentinos y RTA.
Pese a los esfuerzos por achicar las diferencias, sigue habiendo en este punto una dispersión de propuestas. La Coalición Cívica, por ejemplo, propone reducir a 18 la cantidad de empresas privatizables. La UCR, por su parte, considera que cada empresa que se quiera privatizar merece un proyecto de ley individual.
A los rechazos de los 100 diputados de Unión por la Patria y los cinco del Frente de Izquierda, se suman los dos socialistas de Santa Fe, el grupo Manes del radicalismo y en cuanto al resto de Hacemos Coalición Federal se abre un gran signo de interrogación.
No es el único tema en el que el oficialismo tiene complicaciones para cerrar. El artículo que propone liberar al Poder Ejecutivo de la obligación de pedir permiso al Congreso para tomar deuda en moneda extranjera, derogando el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionado durante el Gobierno de Alberto Fernández, promete generar una fuerte discusión en el recinto.
Las reformas del Código Penal para agravar las sanciones a quienes bloqueen la libre circulación en calles y rutas es otro foco de polémica. El capítulo Bullrich no sólo irrita al Frente de Izquierda y a Unión por la Patria, sino que incomoda a fuerzas políticas con tradición democrática y republicana como la UCR y la Coalición Cívica.
También son resistidos por la UCR los cambios en el instituto de la legítima defensa. Según la nueva redacción, la interpretación sobre la proporcionalidad de la respuesta del accionar de agentes de seguridad o de Defensa frente a actitudes delictivas o criminales debe favorecer siempre a las fuerzas del orden.
Otro tema que genera inquietud en los bloques son los cambios en el financiamiento a los organismos de promoción de la Cultura. Los artículos referidos a este punto son un golpe a la economía de estas entidades, como el INCAA, el INAMU, y el Fondo Nacional de las Artes, ya que se fija un tope de gasto del 20% en relación al monto total de ingresos.
El Instituto Nacional del Teatro es suprimido y sus funciones son absorbidas por la secretaría de Cultura. En cuanto al INCAA, se circunscriben los subsidios al 50% del costo de producción de esos proyectos, y determina que el beneficiario de un subsidio no podrá recibir nuevos hasta que haya pasado un año desde la obtención del previo.
Acerca de los cambios en el Código Civil y Comercial, la desjudicialización de los divorcios, quitándole intervención a los abogados, y facilitando el trámite con el mero consentimiento informado de los cónyuges para la disolución del matrimonio, es uno de los puntos más cuestionados.
Además del régimen diferencial de zona fría, los gobernadores patagónicos están pendientes de que queden definitivamente afuera del proyecto los cambios al régimen Federal de Pesca, tal como se comprometió el Gobierno, y ponen la lupa en la normativa sobre Biocombustibles.
