En un nuevo paso para endurecer las políticas de seguridad, el Gobierno nacional anunció hoy el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones que puedan ser consideradas como actos de terrorismo.
La iniciativa, anunciada por los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, apunta a reformar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. Hasta el momento, dicho artículo autoriza la participación de las FF.AA. únicamente en tareas de “apoyo logístico, como arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Petri, el proyecto del Ejecutivo busca habilitar a las Fuerzas Armadas a “intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en el supuesto de terrorismo”. En ese sentido, el ministro de Defensa explicó que, de conseguirse la aprobación parlamentaria, las tropas quedarían facultadas para “patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia, dando intervención inmediata a la Justicia”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la medida y advirtió que “no hay plan B” frente a la situación que atraviesa la sociedad. “La sociedad no tiene plan B cuando le destruyen su propiedad y su vida. No puede haber un diputado o un senador que no entienda la realidad que estamos pasando, creemos que el Congreso nos va a acompañar”, expresó Bullrich, quien además remarcó que “todos los países utilizan a sus Fuerzas Armadas en el combate contra el terrorismo”.
Pero el proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Interior no fue el único anunciado por los funcionarios nacionales. También anticiparon el envío de otras cuatro iniciativas legislativas vinculadas a temas de seguridad.
Una de ellas apunta a establecer penas de prisión para los organizadores de piquetes y manifestaciones que, según las palabras de Bullrich, “consigan mediante extorsión la presencia de manifestantes en esas marchas”.
Además, se anunció una modificación a la ley de legítima defensa, el uso del ADN para delitos y la denominada “ley anti-mafia”, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre el contenido de estas últimas propuestas.
El anuncio de estas iniciativas se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad de Rosario y su zona metropolitana, azotada por una ola de violencia vinculada al narcotráfico y las disputas territoriales entre bandas delictivas.
“Estamos convencidos de que la batalla de los narcos se puede ganar con el Estado”, enfatizó el ministro Petri durante la conferencia de prensa, dejando en claro la determinación oficial para recurrir a medidas de fuerza en el combate contra el crimen organizado.
Desde diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos ya se han expresado reparos y advertencias ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman roles de seguridad interior, algo que hasta el momento está vedado por la legislación vigente. Estas voces críticas advierten sobre los riesgos de militarizar la seguridad pública y el peligro de eventuales violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, las iniciativas anunciadas por el Gobierno deberán sortear un arduo debate parlamentario, en el que se pondrán en la mesa los argumentos a favor y en contra de este tipo de medidas de corte furista para enfrentar el flagelo de la violencia y el crimen organizado
